Las Mypimes están abandonadas porque el gobierno se ha dedicado a ayudar a los bancos.
Por
Héctor Vásquez Fernández
Socio
y fundador de la ENS y ex miembro del Comité Ejecutivo de la CUT Antioquia. Docente,
investigador y asesor de la ENS. Experto en temas sindicales y laborales. Tomado de Agencia de Información Laboral. 24 de junio de 2020
Hasta
abril de este año los bancos, o establecimientos de crédito, habían tenido $2.7
billones en utilidades netas, el 40.1% de ellas concentradas en los bancos de
Sarmiento Angulo: Bogotá (29.8%), Popular (3.8%), Occidente (4.6%) y AV Villas
(1.9%). El 20.8% en Bancolombia.
De los
23 bancos que en abril operaban en Colombia, únicamente 2 tuvieron pérdidas:
Pichincha y Compartir. Hay que anotar que en 2019 los bancos obtuvieron
utilidad neta por $10.9 billones, y todo el sistema financiero se ganó $19.9
billones.
Hasta
el mes de abril de este año, el sector financiero en su conjunto había
presentado pérdidas por $17.18 billones, pero estas no eran pérdidas de los
bancos, sino principalmente de los fondos privados de pensiones y cesantías,
que perdieron $17.53 billones en este período, según el reporte de la
Superfinanciera, pero esta es una pérdida que afecta principalmente a los
ahorradores de los fondos de pensiones.
Estas
ganancias, obtenidas en medio de semejante crisis, es el resultado de una
política pública al servicio de los banqueros, como lo muestran los
diferenciales entre las tasas de interés del Banco de la República (DTF: 4,42%)
y los costos de la intermediación financiera que los bancos cobran a su
clientela, una de las más altas del planeta: entre 14,25 % y 17.8%, según los
años de plazo de los créditos y según cada banco. O las tasas que cobran las
tarjetas de crédito, que están casi al mismo nivel de la usura: 26%.
Pero
no son sólo estos diferenciales (que los partidos del régimen, ni el mismo
gobierno se atreven a modificar) lo que muestra un Estado y una política
pública al servicio de los banqueros. De forma muy clara en esta coyuntura se
ve cómo el actual gobierno está manejando los recursos para atender las
necesidades de las empresas, relegando el segmento de las Mypimes, que
requieren de manera urgente créditos de fomento a tasas subsidiadas, para así
financiar su actividad y no desaparecer.
Lo
primero que hizo el Gobierno Nacional a través del Banco de la República fue
permitirles a los bancos disminuir el encaje bancario del 11% al 8%, con el fin
de inyectarle liquidez a la economía, una suma que puede estar alrededor de los
$10 billones.
Acto
seguido, expidió el decreto 562, mediante el cual estos recursos liberados el
propio Gobierno los toma como préstamo mediante la emisión de “títulos de
solidaridad”, operación que le va a generar ganancias a los bancos de por lo
menos $345 mil millones en un año. Una operación que bien pudo tener un costo
cero para el Estado si el propio Banco de la República le hubiera prestado
directamente al gobierno, pues lo que le cobraría por intereses: 3,05%, se lo
devolvería a través de las utilidades del Banco.
Hasta
el mes de abril de este año, el sector financiero en su conjunto había
presentado pérdidas por $17.18 billones, pero estas no eran pérdidas de los
bancos, sino principalmente de los fondos privados de pensiones y cesantías,
que perdieron $17.53 billones en este período, según reporte de la
Superfinanciera. Una pérdida que afecta principalmente a los ahorradores de los
fondos de pensiones.
La
segunda movida fue tomar recursos públicos del Fondo de Ahorro y Estabilización
por $12.1 billones, y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales (Fonpet) por $2.7 billones, para apalancar los créditos que se
hicieran desde las empresas en crisis para financiar su actividad.
Pero
el propio Ministro de Hacienda el 18 de marzo decía que había disponibles hasta
$48 billones para apalancar el otorgamiento de este tipo de créditos: “Tenemos
unos recursos ahorrados. No se necesitan en materia de inmediata liquidez en
este momento. Se necesitarán más adelante y el país tendrá el tiempo de
reaccionar pasada esta emergencia, de reponer esos recursos”, subrayó.
Sin
embargo, estos recursos, en vez de prestarlos directamente a través de la banca
pública (Banco Agrario, Finagro o Bancoldex) se los entregaron a los bancos
privados para que estos hicieran negocio, con la única condición que los
prestaran a una tasa de interés 2 puntos porcentuales inferior a la tasa normal
que el banco maneja, con lo cual los bancos se ganan una renta de por lo menos
entre 12 y 15 puntos porcentuales en cada préstamo.
Pero
no todos los bancos están accediendo de manera transparente a esos recursos, no
todos cuentan con la misma capacidad para influir sobre el gobierno, como ha
quedado demostrado en el tratamiento que desde éste y la Fiscalía ha tenido el
banquero Sarmiento Angulo en el caso de Odebrecht.
Como
también, no todas las empresas están accediendo a estos créditos de manera
transparente. Era de esperarse que los bancos prefirieran las empresas socias y
amigas, y aquellas con la suficiente capacidad para incidir sobre sus
decisiones.
Es lo
que explica la queja generalizada de la mayoría de las Mypimes, las cuales, por
no tener estas capacidades, ni contactos, ni historial crediticio, ni activos
suficientes, son rechazadas sistemáticamente, tal como se ha conocido por los
medios. Historias dramáticas, situaciones reconocidas como tal por el propio
vicepresidente comercial de Bancóldex. En una entrevista a la revista Semana
aseguró que “son los bancos quienes toman la decisión de otorgar o no los
créditos a los clientes”.
La
Revista Semana lo ilustró de esta manera: “Los pequeños empresarios están
sintiendo que estas ayudas se están quedando en el papel y no se están llevando
a la acción. Parece que aún en momentos de crisis las micro y pequeñas empresas
siguen teniendo problemas para acceder al sector financiero tradicional. Y lo
más angustiante: a los recursos brindados por el Gobierno supuestamente para
apoyarlos.
Esto
lleva a pensar que en los próximos días el país verá un centenar de Mypimes
cerrando. Y esto es preocupante, si se tiene en cuenta que más del 80% de la
generación de empleo en el país está en manos de las micro, pequeñas y medianas
empresas.
Estos
problemas los encontró la Contraloría General de la Nación al examinar la línea
especial de crédito “Colombia Agro Produce”, que lanzó el gobierno para atender
la emergencia desatada por el coronavirus. Identificó que la mayor parte de las
colocaciones quedaron en manos de grandes agroindustriales y comercializadores:
“De los $226.000 millones colocados hasta el 8 de abril, $213.566 millones (94.4%) han ido a grandes comercializadores y agroindustriales. $8.300 millones para medianos y sólo $4.200 millones para pequeños productores”, informó la Contraloría Delegada.
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