Renta básica: el proyecto de ley presentado al Senado de la República

mayo 28, 2020


A propósito del aislamiento preventivo obligatorio para todos los habitantes de Colombia, ordenado por el gobierno nacional, sin garantías de asegurar la sobrevivencia de la población desempleada y de los múltiples problemas laborales de los trabajadores formalizados, se ha generado una amplia discusión de cómo desarrollar el confinamiento con todas las garantías de techo, alimento y servicios esenciales para toda la población. En este contexto se configurado el debate sobre un ingreso mínimo o renta básica para toda la población. La Aceb quiere contribuir a una amplia discusión sobre el tema y recoge como positivo el proyecto de ley que cincuenta y cuatro senadores de distintas colectividades propusieron sobre una renta básica para los tiempos de la pandemia. La propuesta consiste en dar un subsidio de $980.657 a cerca de 3.5 millones de trabajadores en actividades formales e independientes que estén en peligro de vulnerabilidad frente a la crisis. En este espacio publicamos la exposición de motivos de este proyecto de ley y anexamos el enlace donde se puede leer el proyecto completo. Adicionalmente registramos el enlace de varios artículos sobre este tema de candente actualidad social.

Propuesta del Senado
Por medio del cual se modifica el decreto ley 518 de 2020 “por el cual se crea el programa ingreso solidario para atender las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica” y se crea la renta básica de emergencia.

Exposición de motivos

I.    Introducción y objeto del proyecto de ley
Las Congresistas y los Congresistas que suscribimos el proyecto de ley que establece la Renta Básica en Colombia, en este caso como medida de emergencia en las condiciones del régimen de excepción adoptado por el Gobierno al amparo del artículo 215 de la Constitución Nacional, responde a la responsabilidad que le entrega la Carta Fundamental al Estado colombiano, de responder a la obligación ética de garantizar la vida digna de las mujeres y hombres de esta nación. Tal mandato tiene particular significancia en medio del trance dramático de la pandemia de COVID-19 que condujo a la inmovilización de la población, de su fuerza de trabajo y en general de la economía nacional.
La presente ley propone modificar el programa de Ingreso Solidario creado por el Gobierno nacional mediante el decreto ley 518 de 2020, disposición a todas luces precaria frente a la magnitud del problema social que enfrenta el pueblo colombiano, en la intención de ampliar la cobertura de atención estatal a las familias y aumentar su monto, además de cambiar su nombre por el de “Programa de Renta Básica de Emergencia”.
La pandemia de COVID-19 ha removido los cimientos mismos sobre los cuales hemos construido nuestra nación y nos ha puesto a prueba como sociedad. Nunca antes la humanidad y por supuesto el país, se habían enfrentado a amenaza equiparable ni a crisis de tan devastadoras dimensiones. Es urgente que el Estado colombiano actúe con agilidad y eficacia para impedir que los cimientos de la economía y de la sociedad misma, sus instituciones democráticas, se derrumben y dejen para la historia el saldo trágico del caos, la pobreza absoluta y la pérdida de vidas preciosas. Estos tiempos de crisis profunda ponen a prueba la utilidad y la eficacia de las instituciones del Estado, por lo mismo su legitimidad ante el pueblo colombiano y la razón de ser de su mandato y su autoridad sobre la sociedad y el territorio. Renunciar a sus responsabilidades políticas, económicas y sociales, sería renunciar a los valores en los que está fundada la nación y entregarla a la fragmentación, a la diáspora, al caos social y al poder de organizaciones espurias.
La idea central que inspira el proyecto consiste en transferir por parte del Estado a la totalidad de hogares pobres y vulnerables del país, el valor de un (1) SMMLV por hogar durante tres meses. De otro lado, transferir un (1) SMMLV a cada uno de los trabajadores ocupados en los micronegocios (en promedio 3 trabajadores), para cubrir al menos 1.3 millones de micronegocios, microfocalizados con claridad en el marco de la definición que determina el DANE para este tipo de unidades productivas, evitando duplicidades en el otorgamiento de la renta básica a los hogares de los trabajadores de estos micronegocios y aquella que se entrega a los hogares pobres.
Es necesario en este punto reconocer que la renta básica que se establece en las dos modalidades de este proyecto de ley hace justicia con las mujeres colombianas cuyo esfuerzo laboral es invaluable, pero en la mayoría de las veces subvalorado, tanto en la economía y en la cotidianidad de la sociedad, no solo en los procesos productivos, sino también en el cuidado de los miembros del cuerpo social.
Es claro que estas medidas tienen enorme costo. Sin embargo, corresponden al daño enorme que han sufrido las familias y la economía, así como al riesgo de que ese daño sea aún mayor y hasta irreparable si no se actúa con determinación y a tiempo. Por lo mismo son urgentes y su materialización es inaplazable. Es por lo que es indispensable diferenciar las fuentes de financiación inmediata que permitirán ponerlas en marcha y las fuentes de mediano plazo que las irían sustituyendo a medida que vayan ingresando.
La financiación inmediata de la renta básica se haría primordialmente con un préstamo directo del Banco de la República al Gobierno y con créditos internacionales que ya empiezan a ingresar al Ministerio de Hacienda. También, es inaplazable reducir gastos de funcionamiento que no sean indispensables y reasignar gastos del presupuesto nacional en proyectos de inversión que sean postergables o que ya hayan sido cancelados como consecuencia de la emergencia.
Para el financiamiento de mediano y largo plazo del programa de renta básica y en general para el financiamiento de un Estado que tenga capacidad de responder con solvencia en Colombia por sus responsabilidades públicas, atender a la seguridad de la población, a la unidad de la nación y a promover el desarrollo económico, social y ambiental del país, este mismo grupo de Senadores que suscribimos el presente proyecto de ley de renta básica, presentaremos a la consideración del Congreso un proyecto de Reforma Tributaria Estructural en línea con el mandato Constitucional (artículo 313 de la CN) de que el sistema tributario tiene que ser progresivo, equitativo y eficiente.
En la Reforma Tributaria Estructural estarán el impuesto progresivo al patrimonio de las personas naturales para patrimonios líquidos a partir de $2.000 millones y de las personas jurídicas de los patrimonios más elevados ―el 0.1% de las personas jurídicas declarantes, cerca de 500 personas jurídicas― así como una mayor tarifa a la actual a los dividendos recibidos por personas naturales y empresas o sociedades. Así mismo, se propondrá eliminar los numerosos beneficios tributarios existentes, que no solo tienen enorme costo fiscal, sino que son injustificados e innecesarios.

II Justificación

A)     Justificación económica
Según un reciente estudio de la Universidad de los Andes[1], la actual crisis económica podría resultar en un aumento de la pobreza de 15 puntos porcentuales adicionales, incrementando así el número de personas pobres en 7,3 millones y en un aumento de la desigualdad del 0,509 a 0,574 en el coeficiente de Gini. Esta situación equivaldría a un retroceso de 20 años en la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Ante este panorama, consideramos vital garantizar la supervivencia de los hogares más vulnerables durante el tiempo que dure la crisis a través de una Renta Básica de Emergencia de un salario mínimo por un periodo inicial de tres meses. De esta manera esperamos, por un lado, garantizar las necesidades básicas de los hogares pobres y vulnerables durante el tiempo que duren las disrupciones a las actividades económicas y, por otro lado, mitigar el impacto sobre la actividad económica a través de un estímulo a la demanda que, además, le permitiría a la economía mantener su tejido empresarial y acelerar la recuperación económica.
Teniendo en cuenta que, según el DANE, la línea de pobreza monetaria por persona es de 257.433[2] pesos mensual y que en promedio cada hogar está compuesto por 3,3 personas, un ingreso de un salario mínimo por hogar les permitiría a estos hogares mantenerse justo por encima de la pobreza durante el periodo que dure la crisis.
Con este programa, se busca beneficiar a cerca de 9 millones de hogares colombianos, equivalentes a aproximadamente 30 millones de colombianos, es decir más del 60% de la población del país. De estos 9 millones de hogares, 6,8 millones corresponden a la totalidad de hogares pobres y vulnerables del país y los restantes 2,2 millones[3] corresponden a trabajadores de micronegocios[4] que no hacen parte de hogares pobres y vulnerables.
Así, el costo fiscal de este programa se estima en 7,9 billones de pesos al mes, es decir 23,7 billones de pesos por un periodo de tres meses, equivalentes al 2,3% del PIB. Teniendo en cuenta que el costo actual de las transferencias monetarias vigentes (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA e Ingreso Solidario) durante 3 meses es de cerca de 3 billones de pesos, el costo neto del programa sería de alrededor de 20 billones de pesos o 2% del PIB.
El texto completo del proyecto se puede leer en el siguiente enlace:
Le sugerimos consultar información relevante sobre el tema de la renta Básica en los siguientes enlaces:





[1] Nota Macroeconómica No.20 “Efectos en pobreza y desigualdad del Covid-19 en Colombia: un retroceso de dos décadas”, 18 de Mayo del 2020. Disponible en: https://economia.uniandes.edu.co/components/com_booklibrary/ebooks/BM%2020.pdf
[3] Suponemos que, en promedio, cada uno de los 1.3 millones de micronegocios afectados por la crisis tienen 3 empleados en promedio y que de estos, el 56% hacen partes de hogares pobres y vulnerables.
[4] Según el DANE, por micronegocio se entiende una “unidad económica con máximo 9 personas ocupadas que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios, con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendatario de los medios de producción”. Lo anterior incluye a los trabajadores independientes y por cuenta propia. Disponible en:

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