Hay una enorme preocupación en el movimiento sindical, justificada en la experiencia que nos ha dejado el manejo corrupto que los empresarios y el gobierno le han dado a este mecanismo creado para concertar (dialogar y negociar), pero que viene siendo utilizado como un instrumento para imponer medidas luego de un diálogo de sordos, en el que empresarios y gobierno, ni oyen ni ven. Esta vez la unidad de las centrales en torno a no cohonestar con ninguna medida que atente contra los derechos adquiridos, ni permitir que los platos rotos de la crisis económica la asuman los trabajadores es prenda de garantía para la unidad y la lucha contra las pretensiones gubernamentales y empresariales de una reforma laboral regresiva.
Por Francisco Sánchez
Presidente nacional de Aceb
Como parte de la estrategia concertada entre el gobierno
nacional y los representantes de los diferentes gremios, por estos días se
viene reuniendo la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y
Salariales, creada por el Artículo 56 de la Constitución Nacional. En ella,
como era de esperarse, los gremios presentaron una reforma laboral, a nuestro
modo de ver de carácter estructural, que el periódico más influyente del país
pretende hacer aparecer como una simple reformita. En las deliberaciones de la
comisión las centrales obreras, en representación de los trabajadores, han
tenido la oportunidad de manifestar su contundente rechazo a la pretensión de
utilizar la pandemia, ocasionada por el Covid-19, para comenzar a materializar
la reforma laboral que los insaciables neoliberales siempre han pretendido
imponer.
Estas son
las propuestas de los empresarios
Implementación
de jornadas laborales por turnos, con pagos proporcionales al tiempo laborado
dentro de las cuales no se les apliquen recargos festivos, dominicales ni
nocturnos: esto porque el turno se
puede asignar en cualquier momento de las 24 horas que tiene un día.
Cotización
por unidad de tiempo convenida: es decir
que el empleador pueda realizar el aporte al sistema general de seguridad
social de sus trabajadores, de acuerdo con el tiempo realmente trabajado y la
unidad de tiempo convenida.
En caso
de llegar a ser necesario y de manera concertada con el trabajador, permitir
que el pago de la prima de servicios del mes de junio pueda pagarse de manera
diferida, es decir, en cuotas, o un pago total dentro de un plazo mayor: ¿cuál concertación entre el empresario, dueño del
capital, y el empleado que solo dispone de su fuerza de trabajo?, termina
siendo una imposición como se ha probado históricamente.
Posponer
hasta finales de este año el beneficio tributario, dado a través de la Unidad
de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP) para empresas deudoras del
sistema de protección social.
Postergar
el pago de horas extras y recargos nocturnos, que ya fueron causados.
Considerar
como incapacidad médica el periodo de aislamiento obligatorio establecido como
medida de prevención para reducir la posibilidad de contagio del virus, para
aquellas personas con enfermedades de base, que no puedan teletrabajar o que
siendo mayores de 60 años tengan alguna de estas preexistencias.
Dar el
tratamiento de incapacidad médica a aquellas personas que tengan aislamiento
preventivo por recomendación médica, pero que no estén diagnosticadas como positivas
para covid-19: manejar el confinamiento
obligatorio como una incapacidad, significa obligar al trabajador a quedarse en
casa recibiendo un salario del 66.66% de su sueldo básico, lo cual afecta
adicionalmente la cotización para pensión.
Retiro
parcial de cesantías cuando los contratos estén en etapa de suspensión: lo cual quiere decir que es el trabajador el que se va a
autosostener durante la crisis y sin que se garantice el reenganche laboral.
Las cesantías fueron concebidas para ser utilizadas en el caso de la
liquidación definitiva del contrato laboral o para financiar vivienda y
educación.
Suspensión
voluntaria de los contratos de aprendizaje, en consonancia con las medidas
tomadas por el Ministerio de Educación: primero les quitaron el carácter de contrato laboral
durante el gobierno de Uribe, ahora los desechan como si fueran simples
objetos, ya los bancos actuaron, retirando a los aprendices.
Suspensión
de la jornada familiar para el año 2020, teniendo en cuenta que por el
aislamiento social se ha compartido más tiempo en familia. Se trata de las 2 horas semestrales establecidas por la
Ley 1857/17 para disfrutar en familia.
Suspensión
de las 2 horas de actividades recreativas, culturales o educativas para las
empresas que tengan más de 50 trabajadores y trabajen en una jornada laboral de
48 semanales por el año 2020. Se trata
de devolver los caramelos que les habían otorgado a los trabajadores con motivo
de la imposición de la Ley 50/90.
Suspender
para el año 2020 la realización de la encuesta psicosocial: esto para que no se evidencie el impacto del
confinamiento en condiciones precarias en la salud de la mayoría de los
colombianos.
Establecer
el contrato agropecuario: para la
realización de tareas propias de la actividad agropecuaria y agroindustrial en
cualquiera de sus ramas, tales como la agrícola, pecuaria, forestal, avícola,
apícola, hortícola u otras semejantes.
Establecer
el jornal rural integral: se trata
de una modalidad que permita remunerar los contratos con trabajadores
agropecuarios por un tiempo determinado, indeterminado o por el tiempo que dure
la obra o labor. El pago del salario y derechos y obligaciones derivados se
reconocerán y liquidarán diariamente.
Además, se compensarán todas las prestaciones sociales y
beneficios legales como primas, cesantías, intereses a las cesantías, auxilios,
subsidios y vacaciones. El Ministerio del Trabajo no tiene el número mínimo de
inspectores para atender los múltiples reclamos de los trabajadores y sus
sindicatos, mucho menos va a desplazar a funcionarios al sector rural para
verificar denuncias por atropellos; están legalizando el paupérrimo jornal que
hoy recibe el campesino, que no tiene quien lo represente.
Para sacar delante de manera expedita la declaratoria de
la fuerza mayor que es el sustento para la rebaja salarial generalizada y el
desmonte de prestaciones, pretenden quitarles este manejo a los jueces de la
república, entregándosela a un instrumento de bolsillo de los empresarios como
lo es el Ministerio del Trabajo.
¿Y qué va
a pasar?
Hay una enorme preocupación en el movimiento sindical,
justificada en la experiencia que nos ha dejado el manejo corrupto que los
empresarios y el gobierno le han dado a este mecanismo creado para concertar
(dialogar y negociar), pero que viene siendo utilizado como un instrumento para
imponer medidas luego de un diálogo de sordos, en el que empresarios y
gobierno, ni oyen ni ven. Esta vez la unidad de las centrales en torno a no
cohonestar con ninguna medida que atente contra los derechos adquiridos, ni
permitir que los platos rotos de la crisis económica la asuman los trabajadores
es prenda de garantía para la unidad y la lucha contra las pretensiones
gubernamentales y empresariales de una reforma laboral regresiva.
Todo lo anterior hace parte del gran paquete de reforma
laboral que exigen los empresarios y que el gobierno de Iván Duque está
dispuesto a otorgarles, aprovechando la crisis generada por el covid-19.
Lo grave del asunto es precisamente la desmovilización,
que han ido ampliando, como lo indica la prórroga de la declaratoria de
emergencia económica, que en el fondo no busca proteger la salud de los
colombianos; se trata de un manejo político en beneficio de unos pocos.
Por tanto, el reto que nos espera es muy grande y el
sindicalismo, como expresión de un segmento de la sociedad, debe disponerse para
aportar lo que esté a su alcance en esta dura confrontación, he ahí la
importancia de prepararnos constantemente.
Aceb Nacional rechaza categóricamente la pretensión de los empresarios que hoy pretende materializar el Ministro de Hacienda y que consiste en quitar la prima semestral de junio. Video con Juan Francisco Sánchez Zambrano presidente ACEB
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