Por Juan Francisco Sánchez
Zambrano
Presidente Nacional ACEB
“Sin servicio de manera permanente”, se lee en un letrero colocado en
la puerta de vidrio de la oficina Palermo del Banco de Bogotá ubicada en el
costado oriental de la carrera 13 con calle 44 en la capital. Se ve una oficina
desahuciada sin un solo trabajador o ser humano en su interior.
Las cada vez más crecientes transacciones en línea o telefónicas
desplazan incesantemente a las operaciones en las oficinas físicas, con la
consecuencia de pérdidas de plazas de trabajo en el sector bancario. La
tercerización y la intermediación laboral impuesta por la mayoría de bancos
como práctica común, además de rebajar el salario del trabajador bancario,
producen la pérdida de la estabilidad y los beneficios legales y convencionales
de estos empleados. Y estas dos cosas ligadas al desestímulo oculto de la
tradicional sucursal bancaria que reduce a limites exasperantes el número de
funcionarios, produce una sobrecarga laboral inmisericorde y todos estos
factores menoscaban el ejercicio del derecho de sindicalización.
El país asiste pasmado y adolorido al ignominioso espectáculo del
asesinato diario de un líder social o un reintegrado. El gobierno solamente
atina a tratar de minimizar o desvirtuar tal situación con la estúpida
comparación de estas muertes con las producidas por el robo de celulares, como
lo hizo la ministra del Interior, Alicia Arango, en declaraciones rechazadas
por la sociedad colombiana. De la responsabilidad del gobierno de Duque en no
detener estos asesinatos y de la actuación extralimitada del Esmad contra la
protesta popular, habla a profundidad y documentadamente el informe de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en
2019. De nuevo el gobierno solo se ocupa en señalar que este informe es una
intromisión en asuntos internos y no en tomar las medidas que impidan el
sistemático asesinato de los líderes sociales, reinsertados y defensores de
derechos humanos.
Desde el Centro Democrático, partido de gobierno, no cesan los ataques
contra el proceso de paz, adobados de un lenguaje agresivo y descalificador
contra los firmantes de los acuerdos de La Habana. En buena medida esta
actuación del expresidente Uribe y sus partidarios son los que facilitan el
caldo de cultivo para que fuerzas oscuras y profascistas procedan de manera
física y verbal contra las personas que abogan por la democracia, la paz, la
justicia social, los derechos humanos, la no discriminación contra las minorías
y las medidas que atenúen el calentamiento global.
En esta edición de El Bancario publicamos una serie de artículos que
van encaminados a demostrar cómo las anunciadas reformas laboral y pensional,
exigidas por los organismos multilaterales de crédito, el FMI y la Occde, van
encaminadas a golpear a los trabajadores y a favorecer, en especial, al sistema
financiero especulativo, al gran empresariado y a las inversiones de capital
foráneo en el país. Reformas que ante el ímpetu de la protesta social contra
ellas y sus nefastas consecuencias, fueron negadas, como Pedro negó a Cristo
tres veces, a pesar de estar delineadas en el Plan de Desarrollo del gobierno
de Duque. Hoy, por las reiteradas exigencias de estos organismos
internacionales, se aprestan a llevarlas al Congreso, para que las mayorías
gobiernistas, creadas a partir de la mermelada, la transacción, la traición, la
ambición, la corrupción, el dogma neoliberal y el apego lacayuno a los mandatos
de Estados Unidos le den el “pupitrazo” de aprobación y suman al país en mayor
desigualdad, pobreza y desequilibrio social.
Con la reforma pensional pretenden marchitar, para luego suprimir, el
sistema de prima media con el cual Colpensiones pensiona a sus afiliados para
favorecer de esta manera a los grupos financieros dueños de los fondos privados
de pensiones, como el Grupo Aval y el Grupo Empresarial Antioqueño. Una dádiva
más, como la que constituye el recién creado Holding Financiero Bicentenario
para fortalecer el mercado de capitales, o sea a los grupos financieros
nacionales y extranjeros que controlan con su capital especulativo la
industria, el comercio, la agricultura y hasta el narcotráfico. No en vano
debemos señalar que el portentoso estallido social chileno, que lleva 5 meses
de movilización, tiene como una de sus principales motivaciones los resultados
nefastos para los trabajadores del sistema privado de ahorro individual, como
forma para acceder a una pensión.
La reforma laboral también traerá consecuencias catastróficas para los
jóvenes que se asoman al mundo laboral. El trabajo por horas significa la
eliminación del salario mínimo establecido hasta hoy y el pago de la
remuneración de la mano de obra por debajo de este nivel, significa la
eliminación paulatina de las prestaciones sociales, como primas, vacaciones y
cesantías, y significa la total inestabilidad laboral y el desempleo
disfrazado. No en vano debemos señalar que la inmensa participación de jóvenes
en el paro nacional del 21N en Colombia fue motivada por la propuesta de Anif
(el gremio de las instituciones financieras) de pagar el 75% de un salario
mínimo para los jóvenes menores de 25 años.
Lo esbozado en los anteriores párrafos constituyen las poderosa razones
para que ACEB, a nombre de los trabajadores bancarios, se vincule de manera
decidida al paro nacional del 25 de marzo programado por el Comité Nacional de
Paro y demos continuidad al torrente de explosión social que comenzó el 21N con
la consigna que ilustra la primera página de El Bancario: Contra el paquetazo
de Duque, por la vida y por la paz.
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