Aunque la mayor parte de los países debieron adoptar medidas de cuarentena, en algunos lugares se sigue debatiendo sobre cuáles deberían ser las prioridades. Después de minimizar la magnitud de la crisis, personajes como Trump y Bolsonaro, al frente de países que han sido muy golpeados por la pandemia, han dejado ver que es inevitable e incluso deseable la muerte de cientos de miles de personas. Una postura típica del fascismo, como expresión máxima del capital monopolista: los negocios primero.
Por Consuelo
Ahumada
Tomado de https://www.las2orillas.co/
La velocidad
de vértigo con la que se extendió la pandemia por los cinco continentes en
menos de seis semanas ha traído de la mano una crisis económica global con
perspectivas bastante sombrías. Se le compara con la Gran Depresión de 1929,
que dio al traste con la economía capitalista de la época. Sin embargo, la
situación actual parece ser todavía más grave debido a su naturaleza y
proyección, por lo que afrontarla no da espera ni tiempo.
Aunque la
mayor parte de los países debieron adoptar medidas de cuarentena, en algunos
lugares se sigue debatiendo sobre cuáles deberían ser las prioridades. Después
de minimizar la magnitud de la crisis, personajes como Trump y Bolsonaro, al
frente de países que han sido muy golpeados por la pandemia, han dejado ver que
es inevitable e incluso deseable la muerte de cientos de miles de personas. Una
postura típica del fascismo, como expresión máxima del capital monopolista: los
negocios primero.
Mientras
tanto, otros países han adoptado una postura mucho más sensata frente a la
pandemia, lo que ha repercutido en mejores resultados, por lo que su
experiencia es muy importante. No quiere decir esto, ni mucho menos, que sus
gobiernos desprecien el crecimiento de la economía y las ganancias de sus
empresas. Tampoco significa que su prioridad sea la salud y el bienestar de la
población per se. Se trata más bien de que, como en el modelo keynesiano,
entienden que la salud de los trabajadores es una fuerza productiva fundamental
que hay que preservar para participar en la competencia global. Aquí entran la
República Popular China, Corea, Taiwán, Singapur y Alemania, entre otros.
Frente a esta
situación, ¿cómo analizar la postura del gobierno de Colombia? A estas alturas,
son varios los hechos que nos permiten hacerlo.
A comienzos
de marzo, cuando la OMS declaró la pandemia y llamó a tomar medidas para
reducir sus estragos, el Gobierno Nacional se opuso a la cuarentena y al cierre
de los aeropuertos y vuelos internacionales, en especial los procedentes de
España, de donde provinieron los primeros casos. Solo la decisión y firmeza de
los mandatarios locales permitieron sacar adelante, aunque con retraso, la
medida de confinamiento.
En estos
momentos, presionado por los gremios económicos y sin evidencias reales de que
se haya “aplanado la curva” de contagio, por cuanto las pruebas aplicadas
siguen siendo insuficientes, Duque insistía en que a partir del 26 de abril
hubiera un "confinamiento inteligente", que permita salir a trabajar
a ciertos sectores, porque, según él, hay que atender simultáneamente la salud
y la economía. Esto quiere decir en plata blanca, los intereses de los grandes
empresarios por encima de la salud de la población. Sin embargo, tuvo que
desistir de hacerlo ante la postura firme de la alcaldesa de Bogotá.
En cuanto a
la gestión de Duque, lo más grave ha sido el sello financiero de las medidas
económicas adoptadas por el Gobierno Nacional. Desde el comienzo estaba claro
que para afrontar un peligro de tal magnitud se requería disponer de enormes
recursos para inversión pública y social. Esto presuponía romper con los
estrechos marcos legales y las restricciones de corte neoliberal, dentro de los
cuales se viene manejando la economía durante las últimas décadas. Suspender la
llamada regla fiscal, recurrir a la emisión del Banco de la República y a las
reservas internacionales del país, entre otras medidas. Pero, lejos de hacerlo,
dicho modelo se sigue afianzado durante la cuarentena.
Después de
más de dos meses sin nombrar un Ministro de Salud, el Presidente Duque utilizó
esta cartera para ampliar la coalición de su gobierno y designar en el cargo a
un personaje que, aunque médico de profesión, tiene una trayectoria laboral que
no ha trascendido el ámbito de los grandes negocios de la salud. Ya con esto
quedó afianzado el rumbo, que se ratifica en su show mediático de todas las
noches con Duque.
El 22 de
marzo, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por
el Gobierno Nacional para procurar los recursos para enfrentar la crisis, el
presidente expidió el Decreto 444, que generó el rechazo airado de las
autoridades y los habitantes de las regiones. Mediante este decreto se
constituyó el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, que será financiado con
recursos de dos instituciones territoriales: el Fondo de Ahorro y
Estabilización (FAE) del Sistema General de Regalías y el Fondo Nacional de
Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). El artículo 4 de dicho
decreto señala expresamente que los recursos servirán para “efectuar
operaciones de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero”.
Esta decisión
inconsulta despoja a las entidades territoriales de unos recursos
imprescindibles para atender la catástrofe y el desarrollo regional. Hasta el
momento, se han destinado alrededor de 19 billones de pesos a Sarmiento y sus
colegas. Esto se suma a otras decisiones arbitrarias que ha tomado Duque en el
mismo sentido. La continuidad en el asesinato de líderes sociales y
excombatientes, ante la indiferencia y desconocimiento del Gobierno Nacional en
medio de la crisis sanitaria, sigue siendo un factor adicional de descontento.
En medio del
avance de la pandemia, hay varias prioridades que no se han resuelto, a pesar
de las promesas y anuncios. La primera es dotación del sistema hospitalario del
país, en especial las UCI y en particular los respiradores. Este se fue
desmantelando a partir de la privatización introducida por la Ley 100. El
gobierno anunció un giro por 5 billones de pesos a la red hospitalaria, que no
corresponde ni siquiera a la mitad de la deuda que tiene con ella. Además, los
recursos se están asignando a las EPS y ARL, del sector financiero, y no a los
hospitales.
La segunda
prioridad es garantizar las condiciones de bioseguridad y de trabajo del
personal de salud. Además de arriesgar su vida sin los implementos adecuados,
cerca del 80% de los trabajadores del área tienen contratos de prestación de
servicios, por lo que no cuentan con garantías laborales. A muchos de ellos se
les adeudan salarios desde hace meses e incluso años. Día tras día tienen que
pelear incluso con las ARL.
La tercera
prioridad es proveer las condiciones de alimentación de millones de personas,
desprovistas de un ingreso, en las condiciones de confinamiento. La crisis
sanitaria ha puesto de presente la magnitud de la pobreza extrema y de la
informalidad laboral que prevalecen en las ciudades y campos de Colombia.
También su carencia de servicios básicos como el agua potable. Ante esta
situación, mucha gente no puede quedarse en casa y tiene que salir al rebusque
de cualquier manera. Su dilema es preservar la salud o morirse de hambre.
Debido a la
magnitud del problema, a las trabas burocráticas y a la corrupción, para estos
sectores tampoco llegan las ayudas y subsidios en las proporciones en que se
requiere, más allá de la buena disposición y voluntad de algunos mandatarios
regionales. A esto se agrega el incremento notorio del desempleo, como
consecuencia del despido o cesación temporal de un gran número de trabajadores.
Como en las
jornadas de N-21, los cacerolazos han vuelto a retumbar en las barriadas de
ciudades y municipios y sus golpes tendrán que ser escuchados por las
autoridades, por el bien del país.
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