Análisis a las acciones de gobierno frente la crisis derivada del Covid-19

abril 23, 2020


Qué puede sentir un trabajador al darse cuenta de que este gobierno, a través del ministro del trabajo, les recuerda a los empresarios que existen mecanismos como la modificación o suspensión de beneficios extralegales o la concertación de beneficios convencionales para que se salve el empresario en detrimento del trabajador. Es decir, quienes terminan pagando los efectos de la crisis son finalmente los trabajadores y no quienes tienen mayor capacidad para resistirla.
Por Departamento Jurídico ACEB
Luis Omar Mena Blandón. Sergio David García Osorio, Ofelia Garzón Osorio, Miguel Gálvez Sierra, Víctor Julio Pabón Aguirre
La pandemia causada por el coronavirus ha desnudado la crisis en el sistema de salud del país por las EPS, así como la crisis social por la alta informalidad que existe, el 63% de la mano de obra trabaja en la informalidad, lo que da como resultado una económica raquítica incapaz de asumir los desequilibrios sociales por la alta concentración de la riqueza, porque el gobierno está al servicio no del pueblo que votó por él sino de quien puso el capital para elegirlo.
Es por ello que ningún decreto presidencial, ha tocado la banca en Colombia, sector que obtuvo a diciembre 31 de 2019 utilidades de cerca de 13 billones de pesos, la misma que en el año de 1992 el pueblo colombiano ayudó a sacar de la crisis con un impuesto que lo pagaron por igual ricos y pobres, el 2x1000. Ese sistema financiero hoy robusto y fortalecido no ha ofrecido a sus clientes beneficios reales para superar la crisis.
En estos tiempos de dificultad mayúscula, mientras la OIT hace un llamado a los gobiernos a proteger a los trabajadores, a estimular la economía y el empleo, sostener los puestos de trabajo y los ingresos, también ha insistido en que se establezca “un diálogo social entre los gobiernos y los que están en primera línea: los empleadores y los trabajadores”, como forma de superar la crisis y no llegar a los niveles de la gran depresión de los años 30. Contrasta ello las políticas del gobierno nacional y el Ministerio de Trabajo con expediciones de circulares y decretos que invitan a los empleadores a acudir a herramientas jurídicas del septuagenario Código Sustantivo del Trabajo, desconociendo de tajo las normas consagradas en la Constitución Política de 1991 que ampara y garantiza derechos fundamentales a los trabajadores, así como las recomendaciones de la OIT en esta misma materia.
Qué puede sentir un trabajador al darse cuenta de que este gobierno, a través del ministro del trabajo, les recuerda a los empresarios que existen mecanismos como la modificación o suspensión de beneficios extralegales o la concertación de beneficios convencionales para que se salve el empresario en detrimento del trabajador. Es decir, quienes terminan pagando los efectos de la crisis son finalmente los trabajadores y no quienes tienen mayor capacidad para resistirla.
Análisis Jurídico a la circular 0033 del 17 de abril de 2020
En el marco de las facultades especiales ejercidas por el presidente Iván Duque, al amparo de lo consagrado en el artículo 215 de la Constitución Política, con el objetivo de hacerle frente a la crisis económica por cuenta del Covid-19, el Ministerio de Trabajo a expedido varias circulares, entre ellas la 0033 del 17 de abril de 2020 que busca, según el ente ministerial, poner de presente mecanismos adicionales a los cuales pueden acudir los empleadores para proteger el empleo de cara a la crisis sanitaria económica y social ocasionados por el citado virus.
Antes de referirnos a la mencionada circular, consideramos de vital importancia aclarar que las circulares son actos administrativos emitidos por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones e investidos para tal fin.
Las circulares como actos administrativos tienen fuerza normativa vinculante cuando contienen decisiones que crean situaciones jurídicas con efectos jurídicos frente a los administrados o terceros. Cuando cumplen tal fin son susceptibles de control judicial, por tanto, pueden ser demandadas ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.  Pero si tales actos administrativos solo tienen la intención de brindar instrucciones u orientaciones, carecen de fuerza normativa vinculante y por tanto no son objeto de control judicial.
Es pertinente precisar que no se puede jurídicamente mediante estos Actos Administrativos, fijar condiciones o requerimientos diferentes a los señalados en la Constitución Política o la Ley. Establece la carta superior en el artículo 215, en su párrafo final que: “El gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo” (subrayado y comillas fuera del texto).
Aclarado lo anterior, pasamos a realizar el análisis a la mencionada circular, encontrando que este Acto Administrativo tiene por objeto brindar instrucciones u orientaciones sobre mecanismos legales que poseen los empleadores para “proteger el empleo” de cara a la situación actual de crisis derivada del Covid-19, describiéndolos.
Siendo así las cosas y con base en lo descrito, podemos afirmar sin temor a equívocos, que nos encontramos frente a un Acto Administrativo que carece de fuerza normativa vinculante, es decir no podrán los empleadores al supuesto amparo de esta circular, como si se tratara de una ley, realizar de manera unilateral o forzar a los trabajadores para aplicar las transacciones, modificaciones, suspensiones o revisiones, consagradas en los artículos 15, 50, 158 y 480 del Código Sustantivo del Trabajo.
Queda claro luego, que para poder realizar lo consagrado en las citadas normas laborales, el empleador debe necesariamente concertar con los trabajadores o con la organización sindical que los representa, siendo por tanto el acuerdo, concertación o dialogo, requisito sine qua non para tal fin.
En el caso particular del sector financiero, nuestra organización sindical no se prestará bajo ninguna circunstancia ni participará en ningún escenario,  donde se pretenda la materialización de acuerdos que vayan en detrimento de los derechos de los trabajadores y contrario a ello, dentro del marco jurídico y agotando el dialogo social como mecanismo expedito para la solución de los conflictos, buscando preservar las buenas relaciones obrero patronales y con actuar propositivos,  procurará llegar a acuerdos que permita sobrellevar y superar la actual crisis, salvaguardando la salud, la vida, los puesto de trabajo y los derechos adquiridos de los trabajadores.
Finalmente, al empleador le asistirá el derecho a solicitar la revisión del contrato conforme lo establece la Ley en el evento de presentarse imprevisibles y graves alteraciones en el orden económico, estas deberán ser detalladas y demostradas, frente a la afectación que tuvo la unidad de explotación económica (UEE), de no llegar a un acuerdo con el trabajador de tales alteraciones, corresponde a la justicia del trabajo decidir sobre ella y, mientras tanto, el contrato sigue en todo su vigor.

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