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Carta abierta a los trabajadores bancarios colombianos

junio 01, 2020 Add Comment


Apreciados compañeros:
Reciban un fraternal y caluroso saludo de la dirección nacional de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios (ACEB). Para quienes no conocen que es nuestra asociación y cuáles fueron los principios que inspiraron a sus fundadores, empezamos por contarles que, en septiembre de 1958 un grupo de aguerridos trabajadores de los bancos Comercial Antioqueño (hoy Banco ITAÚ) y Banco de Los Andes (hoy Banco de Bogotá), se embarcaron en la aventura de asociarse sindicalmente en momentos en que en Colombia no existían sindicatos en el sector financiero, animados por la necesidad de defenderse de los atropellos de los dueños de los bancos, entidades que eran casi todas de carácter regional y tuvieron el acierto adicional de constituirse en sindicato de industria, es decir como sindicato de los trabajadores de todo el sistema financiero; de ese momento a la fecha han pasado 62 años, valga decir que ACEB es más antigua que muchos de los bancos existentes en el país; nosotros, y sin el ánimo de ser arrogantes, hacemos parte de la historia de la banca y de los bancarios colombianos.
El sindicato es la suma de voluntades de trabajadores que consideran injusto y en muchos casos abusivo el trato que reciben de los dueños del capital, al sindicato, se supone, llegan trabajadores que desean ante todo liderar la defensa de los intereses de sus compañeros de banco, pero no existe un mecanismo que nos permita seleccionar a los afiliados, ni mucho menos hacerles un estudio de pre-afiliación, ya que el derecho de organización tiene rango de derecho fundamental, por lo menos así lo establece el Artículo 38 de la Constitución Nacional, de manera que ningún sindicato, salvo por razones excepcionales, puede negarle a un trabajador la afiliación, esto significa que los sindicatos no están exentos de que a sus filas lleguen personas, que se asocian con intereses distintos a los que guían al sindicato, aun cuando en muchos casos, esos intereses se camuflen tras supuestas buenas intenciones y mucha palabrería.
Los sindicatos no están integrados por personas perfectas, porque como quedó dicho, no somos comunidades confesionales, en los sindicatos se hace necesario apreciar la valía de las personas a partir del análisis de sus actos, antes que basarse exclusivamente en sus palabras; la persona más valiosa es aquella que tiene coherencia entre lo que dice y lo que hace; claro, este es el caso de nuestro sindicato en donde opera la verdadera democracia, que no siempre aplica a organizaciones de trabajadores.
En ACEB nos esforzamos permanentemente porque sus cuerpos directivos estén integrados por personas con principios y con un gran compromiso de clase, para ello desarrollamos permanentemente cursos de capacitación sobre todos los aspectos que puedan ser útiles a la formación de verdaderos líderes, pero esta es una tarea muy difícil, por el tamaño y la extensión de nuestra organización, que abarca todo el territorio nacional, lo cual dificulta el control sobre la actividad de todos y cada uno de nuestros dirigentes.
Las puertas de ACEB están siempre abiertas para permitir el ingreso de todos los trabajadores que vean en la actividad sindical la posibilidad de defenderse de la injusticia, el maltrato, los bajos salarios, la inestabilidad laboral y la sobrecarga laboral; por convicción, no dudamos un solo instante en tenderle la mano a quienes nos necesiten, ni nos ahorramos ningún esfuerzo para guiar de la forma más responsable a quienes acuden a nosotros en busca de orientación en materia de índole laboral, esto hace parte de la esencia de nuestros principios. Aquí luchamos por el mejoramiento constante del sindicalismo, por reivindicar y colocar en el sitial de honor que le corresponde a esta noble profesión que, bien practicada, le sirve enormemente a los trabajadores y a la democracia.
Bienvenidos todos los hombres y mujeres que se quieran sumar a esta empresa de los trabajadores, nuestro sindicato es realmente de los bancarios colombianos, en ACEB nos encontramos comprometidos para que el 100% de sus afiliados y especialmente de su dirigencia entienda plenamente esta apertura estratégica, por lo que ya quedó planteado en este mismo escrito, quien frente a las difíciles circunstancias que enfrentan los bancarios y los tiempos que se avecinan, no entienda la necesidad de contar con una organización fuerte y poderosa, lo cual implica el crecimiento del sindicato, y no vea con buenos ojos la llegada de nuevos afiliados, se equivocará y la realidad tozuda lo rebasará.
Insistiremos en este camino a pesar de que con métodos censurables se nos denigre a quienes, como en nuestro caso, tenemos una gran trayectoria de servicio a la comunidad y creemos que, si el sindicato no se renueva constantemente, tarde o temprano dejara de ser alternativa para la solución de la problemática que aqueja a los trabajadores. Los invitamos a sumar sus esfuerzos y sus iniciativas, para que entre todos logremos el gran sindicato único de industria que tanto necesitan especialmente quienes laboran en aquellos bancos donde no ha existido trayectoria sindical, como AV Villas, Davivienda, Caja Social, Colpatria, Occidente, entre otros, que son bancos con gran capacidad económica, mientras sus trabajadores escasamente tienen una que otra garantía extralegal, pero son víctimas de maltrato y permanente acoso laboral. Es momento de la unidad y del fortalecimiento sindical.
Compañeros de AV Villas, ACEB es de ustedes que también tienen derecho a garantías extralegales como las existentes en el Banco de Bogotá o en el Banco Popular, todos somos parte del principal conglomerado financiero, El Grupo Aval es uno solo, no es justo que dentro del mismo hallan trabajadores de primera, de segunda y hasta de tercera categoría en materia de derechos, unámonos, que solo la fuerza nos garantizará el respeto, que es en últimas lo que nos permitirá alcanzar los beneficios que merecemos, pero que no nos van a ser regalados, como no les fueron regalados a los trabajadores de los dos bancos ya señalados.
Es el momento de tomar el trascendental paso de asociarse sindicalmente, no espere a que se levante definitivamente el confinamiento obligatorio decretado a raíz de la presencia del Covid-19, si ya hay según el DANE, un 19.8% de trabajadores que con corte al 30 de abril han perdido sus empleos, es claro que lo que viene es algo impredecible y nadie está exento de ser víctima de los despidos indiscriminados, permítanos hacer parte de las soluciones que los trabajadores están reclamando, somos una organización ampliamente reconocida y respetada dentro del sistema financiero colombiano, concédanos el honor de contarlo dentro de nuestras filas, con la seguridad que no seremos un nuevo problema, haremos parte de las soluciones que requieren con urgencia los trabajadores colombianos.
Bogotá D.C., 1 de junio de 2020
Asociación Colombiana de Empleados Bancarios (ACEB)
Ingresa a www.aceb.org.co



El desastre global y la política económica de Duque. ¿De que dependen los costos humanos de la crisis?

mayo 28, 2020 Add Comment


Entre todas las atribuciones decretadas, la amenaza de reforma laboral es la más grave, no sólo porque contribuiría a cercenar los modestos ingresos de los trabajadores y contribuir a su pauperización, sino porque haría mucho más remota una recuperación económica cuya clave está en el repunte de la demanda, no en el impulso a la oferta, como sostienen los neoliberales.
Por Arturo Cancino CadenaTomado de revista Nueva Gaceta, 24/05/2020

Ya llegan a casi 6 millones los contagios de la pandemia y a más de 350 mil sus víctimas fatales de acuerdo con la OMS. Día por día la velocidad de propagación y número de fallecidos se multiplica. Poca gente cuerda y medianamente informada podría atreverse a negar los efectos devastadores que esta peste ha traído a la mayor parte de la población en todos los rincones de la tierra. Es claro que hasta que se disponga de una vacuna efectiva y al alcance de los más de 7.000 millones de seres humanos (o, mínimo, un tratamiento eficaz que neutralice las consecuencias graves de la enfermedad), el regreso al modo de vida anterior al Covid-19 es por completo improbable. Pero las expectativas de contar pronto con alguna de estas herramientas sanitarias son muy vagas, a pesar de los esfuerzos de los científicos en Europa, China, Estados Unidos y muchos otros países, respaldados por cuantiosos fondos destinados a su trabajo. Y queda el problema de su producción masiva y de asegurar su distribución universal, sin lo cual el virus no podrá erradicarse.
Por otro lado, un análisis comparativo por países de las cifras de propagación y letalidad muestra que sus respectivos gobiernos han tenido un grado de éxito o fracaso muy desigual en proteger a su nación del contagio y del exceso de mortalidad, y en mitigar los efectos de la pandemia. Entre los factores determinantes del fracaso, se destaca la mayor disposición que han mostrado algunos mandatarios para ignorar la urgencia y aplazar irresponsablemente una respuesta apropiada en defensa de la sobrevivencia y el nivel de vida de su pueblo. Prevalece, en muchos de estos casos, la preocupación de no perturbar los mercados e intereses económicos de poderosos grupos privados que ocupan un lugar prioritario en la agenda del gobierno. E influyen también, no pocas veces, inescrupulosos intereses particulares del gobernante y su partido. Eso explica que no se tomen en cuenta con seriedad las orientaciones de los científicos y expertos en salud pública; o que se llegue, inclusive, a negar o desestimar la gravedad del problema con el fin de desconocer sus recomendaciones o aplicarlas a medias y tardíamente.
El otro factor decisivo para el buen o mal desempeño de un país en esta crisis es el estado real y la capacidad de respuesta de su sistema de salud, el respaldo económico que éste haya recibido del Estado y la seguridad de acceso a los servicios sanitarios por parte de la gente. Además, deben incluirse las condiciones sociales para resistir las consecuencias económicas de la pandemia, que dependen mucho de la calidad de vida del pueblo antes de la crisis: sus ingresos por encima del mínimo vital, la proporción de empleo formal, estabilidad laboral y garantías de seguridad social, la posesión de ahorros y activos familiares, de condiciones de salud y escolaridad, bajos niveles de pobreza y de exclusión social.
Ninguna de estas condiciones materiales se refleja en la imagen de prosperidad de un país o su tamaño económico estimado en términos de su PIB o PIB per cápita. Medida con base en su PIB, Estados Unidos es actualmente la nación más rica del mundo. Sin embargo, tiene 37 millones de pobres y la mayor desigualdad social entre los países del primer mundo, cuando en los años 70 del siglo XX había llegado a ser el de mayor igualdad social entre ellos, con una clase media acomodada y en ascenso. Así de profundo ha sido el efecto del desmantelamiento del capitalismo redistributivo del New Deal de la posguerra y su reemplazo por el actual. Este último se ha regido por el predominio absoluto del lucro privado sobre el interés público y el aplastante poder de una oligarquía financiera insaciable, que Trump representa hoy abiertamente. Ya antes de esta crisis, carecían de acceso efectivo a los servicios sanitarios en ese país –donde la atención en salud es un privilegio- no menos de 60 millones de habitantes, incluyendo la mayor parte de la población trabajadora inmigrante, duramente perseguida y golpeada por la Casa Blanca en los últimos años.
Cuando en un país converge el tipo de gobierno totalmente ajeno al bienestar general del pueblo con una situación social y sanitaria frágil, el resultado en esta pandemia es el impresionante desastre humanitario en escala de muertos y enfermos que viven hoy naciones como Estados Unidos y Brasil en el continente americano (nuevo epicentro de la pandemia). O, similar y proporcionalmente, el Reino Unido, en el continente europeo (el epicentro previo). Gobernados por demagogos de derecha como Trump, Bolsonaro o Jhonson, esos liderazgos han desestimado la evidencia científica, han perdido el tiempo esperando que la pandemia se vaya por sí sola y no interfiera con sus planes (reelección, dictadura neoliberal o Brexit) y han actuado tardíamente para evitar el colapso de sus sistemas de salud y el holocausto de su nación.
En contraste, los resultados en términos de menor propagación y pérdida de vidas han sido mucho mejores en otros países de varias regiones del mundo, diversos en su nivel de desarrollo económico pero cuyas sociedades presentan un menor grado de inequidad, con garantías sociales y sistemas públicos de atención en salud más sólidos y universales. Además, donde lo anterior se combina con gobiernos en los cuales no ocupa un lugar tan irrelevante la responsabilidad estatal por el bienestar social.
En la actualidad, tal es el caso de Alemania, Nueva Zelanda, Corea del Sur y China, entre los países industrializados y con economías fuertes, por ejemplo; y de Costa Rica, Cuba, Uruguay y Vietnam, entre los países en desarrollo y de economías mucho más pequeñas. Otros países, tanto del primer mundo como del mundo en desarrollo, presentan éxitos o fracasos intermedios que parecen asociarse con la presencia menos marcada de alguno de los dos factores nefastos encontrados en ejemplos como los de Estados Unidos y Brasil. Combinación lamentable que podríamos llamar la fórmula del fracaso.
Sin embargo, es justo decir que el panorama de países como estos últimos es el que presenta, sin muchas excepciones, el mundo en general bajo el orden económico implantado por el neoliberalismo. Estados Unidos, en particular, es una versión amplificada de la brutal desigualdad y exclusión social resultante de la aplicación del dogma neoliberal y la dictadura del mercado. Este modelo económico global ha llevado a la mayor concentración de la riqueza de todos los tiempos: 26 super-multimillonarios poseen hoy tanta riqueza como los 3.800 millones de seres humanos de menor ingreso, de acuerdo con estudios de Oxfam.
Tal acumulación insólita se ha producido simultáneamente con el deterioro en muchos países de los salarios reales de los trabajadores, el empeoramiento de la seguridad social y las condiciones de trabajo de la mayoría de la fuerza laboral, el auge de la informalidad, el empleo precario y el desempleo. Así, los supuestos logros alcanzados por la globalización neoliberal en la disminución de los niveles de pobreza se han limitado a la creación de una nueva franja social diferente de la clase media. Se trata de los vulnerables: un amplio sector que, con ínfimos subsidios pero sin estabilidad ni ahorros o seguros suficientes, sobrevive frágilmente en las proximidades del umbral inferior de la clase media, siempre expuestos a caer por debajo de la línea de pobreza y ser víctimas de las peores privaciones al más leve empujón del viento de la recesión económica y aumento del desempleo.
Al mismo tiempo, en las cuatro últimas décadas las políticas neoliberales han recortado drásticamente el gasto social y debilitado los sistemas de salud pública en muchos países, mientras se han esmerado por convertir la atención en salud en un próspero negocio privado de inversionistas, aseguradoras y empresas farmacéuticas. Como se sabe, todos estos se caracterizan por su aversión al riesgo financiero de atender a la población más pobre, su escaso interés en invertir en vacunas y prevención de enfermedades, su orientación hacia los grupos privilegiados y su capacidad reducida para afrontar crisis epidemiológicas como la actual.
Con razón, pensadores notables como Noam Chomsky destacan que en esta pandemia del Covid 19, “estamos ante otro fallo masivo y colosal de la versión neoliberal del capitalismo”.

La economía colombiana y su panorama social

En nuestro país, la élite rentista que domina la vida económica nacional se adhirió muy temprano a la doctrina neoliberal y suscribió sin objeciones el decálogo del Consenso de Washington. La dirigencia política tradicional que representa a esta minoría constituida por los grandes propietarios de tierras, intermediarios de las multinacionales y dueños del capital financiero, acuñó distintos nombres para esta política contraria a los intereses de la inmensa mayoría de la nación. Se la llamó “apertura económica” en el gobierno de Gaviria y, más recientemente, “confianza inversionista” en los gobiernos de Uribe, sin cambio alguno en los de Santos.
La esencia de la misma ha sido colmar de privilegios fiscales y normativos a los grandes capitales, al tiempo que se les transfiere, en todo o en parte, la propiedad de las empresas del Estado y se convierte la prestación de los servicios públicos esenciales - como la salud y la seguridad social- en lucrativo negocio privado (privatización). Recíprocamente, mediante sucesivas reformas tributarias, saturan de impuestos a las clases medias y al pueblo para recargarles el sostenimiento de un Estado orientado cada vez más a subsidiar a los grandes negocios con los recursos públicos y a favorecer el enriquecimiento, lícito e ilícito, de unos pocos (fiscalidad regresiva y corrupción).
Así mismo, mediante reformas laborales que en teoría se proponen disminuir el desempleo, se ha buscado despojar a los trabajadores de sus beneficios legales en la contratación laboral, socavar sus derechos a la organización y negociación colectiva y depreciar los salarios en aras de maximizar las ganancias de las empresas (flexibilización laboral). Y también se ha propuesto liquidar su derecho a la pensión con el pretexto de asegurar su sostenibilidad (reforma pensional).
Además, al haber proscrito todo fomento efectivo de la industrialización y el desarrollo rural por parte del Estado (desregulación y liberalización), han logrado destruir o desnacionalizar varias ramas de la actividad industrial en beneficio de las importaciones y el capital extranjero, debilitando así la mayor fuente interna de creación de empleo de calidad. Empresas insignia como Bavaria, Paz del Río y Avianca pasaron a manos extranjeras y otras desaparecieron. Hay que agregar que también se ha arruinado a muchos agricultores e incrementado la dependencia alimentaria del país con el favorecimiento de las importaciones agrícolas subsidiadas y los funestos Tratados de Libre Comercio suscritos por los gobiernos de Uribe y Santos con Estados Unidos y otros países industrializados.
El resultado neto ha sido la interrupción y retroceso del proceso de industrialización (de 24% de participación de la industria en el PIB a mediados de los años 80, a menos de 12% hoy), el crecimiento desbordado de las importaciones y su pago parcial con las exportaciones de hidrocarburos, minería y otros bienes primarios; el faltante se financia con el incremento de la deuda externa pública y privada, cada vez más alta y onerosa. Es decir, lo logrado por medio de esta estrategia es una regresión a la economía del siglo XIX, que se ha llamado apropiadamente reprimarización o modelo de dependencia primario exportadora. Los efectos de este tipo de economía son mínimos en la creación de empleo y desarrollo sustentable, pero descomunales en la destrucción del medio ambiente, los suelos, las fuentes de agua y la biodiversidad. Todo lo anterior, en medio de un trágico clima de violencia rural que, luego de una notable disminución con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc por el gobierno de Santos, se ha recrudecido durante este gobierno.
La correlativa pérdida de importancia del sector productivo ajeno a las exportaciones minero energéticas y primarias, se ha traducido en el hipercrecimiento de un sector de servicios muy heterogéneo que incluye desde las ventas callejeras, los restaurantes y otros servicios personales de baja complejidad, hasta los servicios financieros, las comunicaciones y servicio públicos más intensivos en tecnología. Pero estos últimos representan apenas el 10% del empleo del sector terciario, lo que hace que en éste predominen ampliamente los bajos salarios, el empleo temporal y el trabajo informal. Por tanto, su contribución a mejorar el nivel de vida de la población es muy modesto y además estos empleos están excesivamente expuestos a las oscilaciones del ciclo económico y los crónicos desequilibrios del sector externo.
Esta estructura económica es la base sobre la cual en Colombia se levanta hoy una pirámide social con uno de los niveles mundiales más altos de desigualdad en la distribución del ingreso, inequidad en el acceso a los servicios básicos y altas cifras de desempleo, subempleo y trabajo informal. El Índice de Desarrollo Humano del país es excesivamente bajo comparado con otros países en desarrollo menos ricos. La pobreza por ingresos se estima que se logró reducir a 27% mediante los precarios subsidios de la política social asistencialista (Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor), pero la movilidad social ascendente de los colombianos, o sea, la posibilidad intergeneracional de mejorar su nivel de vida, es casi inexistente. Mientras tanto, la población vulnerable por encima de la línea de pobreza representa una ancha franja de colombianos al borde todo el tiempo de caer debajo de la misma.

Los impactos sociales de la pandemia y las respuestas del gobierno de Duque

Las medidas de aislamiento social que, como los demás gobiernos, se vio obligado a tomar el de Colombia para frenar la velocidad del contagio del coronavirus, forzaron la parálisis de cerca de un 70% de la actividad económica. Salvo los trabajadores de los servicios públicos esenciales, los servicios de salud y financieros y los de abastecimiento de alimentos y medicamentos, todos los demás se vieron obligados a confinarse en sus casas. Como resultado, los empleados formales y sus familias quedaron dependiendo del pago de sus salarios por sus empleadores que tuvieron que afrontar el cierre temporal de sus negocios; y los trabajadores por cuenta propia, así como los desempleados, sub empleados, empleados informales y sus dependientes, quedaron al azar de sus recursos personales y de eventuales redes de solidaridad familiar o comunitaria.
Debido a la estructura económica y social creada por las políticas neoliberales, este último grupo alcanza alrededor de 13 o 14 millones de colombianos activos laboralmente, cuyas condiciones económicas son generalmente muy frágiles. Por ende, el cumplimiento de las disposiciones de la cuarentena suponía, además de la disciplina ciudadana, el suministro por el Gobierno de ayuda económica a esta población desprotegida y privada de la posibilidad de trabajar. Además, 4.5 millones de familias no tienen vivienda propia y esa carencia no se puede subsanar de inmediato aun si se quisiera.
Sin embargo, toda esta multitud vulnerable no ha entrado sino parcialmente en la lista de los restringidos esquemas de subsidios para reducir la pobreza. Entonces, la ayuda de emergencia para las necesidades básicas se ajustó a los estrechos marcos de esos programas, sólo ligeramente ampliados en valor y número de destinatarios. Y en lugar de ofrecer un seguro pagado por el Estado para respaldar el pago de los alquileres, el Gobierno optó, mediante la prohibición por decreto del cobro coactivo, por trasladarle a otros 3.2 millones de arrendadores -que en su mayoría viven de esos ingresos- la carga de subsidiar a los arrendatarios.
Por otra parte, las empresas y en especial las Mipymes que generan 80% del empleo, quedaron a la expectativa de un apoyo estatal efectivo para continuar pagando la nómina de sus trabajadores en receso y cumplir con la prohibición del ministerio de Trabajo de despedir personal durante la cuarentena. No obstante, las primeras concesiones para ellos no fueron más allá de un aplazamiento de sus obligaciones tributarias y parafiscales y la promesa de devolución por la Dian de cualquier saldo a su favor en impuestos anteriores.
El decreto 417 de 2020, mediante el cual el gobierno de Duque invocó la emergencia económica y social, argumentó la existencia de condiciones extraordinarias e imprevisibles originadas por la emergencia sanitaria y la necesidad de contener sus graves efectos sociales. Sin embargo, en el decreto 444 de 2020 que creó el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, instrumento de canalización de los recursos económicos para la emergencia en manos del ministro de Hacienda, curiosamente no se incluye la atención en salud ni la protección de la población vulnerable como objeto posible del uso de dichos recursos. En cambio sí contempla explícitamente “operaciones de apoyo de liquidez transitoria al Sistema Financiero”, conformado fundamentalmente por los bancos privados. Esta incongruencia la señaló la Alcaldía de Bogotá en el concepto de la Secretaría de Hacienda Distrital a la Corte Constitucional durante el proceso de la revisión del decreto.
Que no se trataba de un simple olvido o error de redacción del ministro Carrasquilla, lo comprueba el hecho de que ante el Congreso éste declaró disponer de casi $29 billones para la emergencia, pero los recursos para la atención de la población vulnerable sumaban escasos $4 billones (0.4% del PIB) para atender a los 7 millones 500 mil familias contempladas. Y los gastos en el sistema de salud, que estimó en $7 billones, no le llegan sino con cuentagotas a las clínicas y hospitales que prestan los servicios. Mientras tanto, el ministerio de Salud permite que 85% de los profesionales de la salud sigan sin recibir los elementos de bioseguridad indispensables y deban prestar sus vitales servicios de alto riesgo bajo precarios sistemas de contratación, soportando muchas veces atrasos en el pago de sueldos y despidos en respuesta a sus reclamos.
Pero si las escasas ayudas para la población vulnerable le llegan si acaso a la mitad de la gente que las necesita y si continúan las malas condiciones de trabajo y seguridad del personal de la salud, tampoco se ve mejor el panorama en cuanto al apoyo a las empresas medianas y pequeñas. En este campo, la acción del Estado se quiso limitar a ofrecer el aval a créditos bancarios a tasas comerciales, con la condición de mantener el empleo. Dudoso apoyo para empresarios ya muy endeudados y con inciertas posibilidades de recuperación. Varias semanas antes, inclusive economistas ortodoxos como Lora y Botero habían propuesto subsidiar con el salario mínimo durante 6 meses la nómina de las empresas para conservar 3,6 millones de puestos de trabajo. No obstante, el gobierno nacional, tras mucha pensarlo, terminó anunciando un subsidio por 40% del salario mínimo durante 3 meses, además de tardío, insuficiente y de azaroso desembolso a través de los bancos privados.
Se calcula que el gobierno de Duque ha comprometido por ahora recursos equivalentes a 3% del PIB para atender la emergencia, mientras la mayoría de los países han anunciado que se proponen gastar el 10% o más, incluyendo economías latinoamericanas más pequeñas como Perú, que gastará 12% del PIB en mitigar los efecto económicos y sociales de la pandemia, o 10% en el caso de Chile. Muchos de sus colegas exministros le vienen diciendo a Carrasquilla y al Gobierno que “no es hora para ortodoxias” de austeridad fiscal: todo punto del PIB gastado hoy en afrontar la crisis contribuye a evitar que la economía se desplome este año más allá del 6-7% que prevé Fedesarrollo. Se sabe que las empresas y empleos que se pierdan ahora no se van a recuperar en mucho tiempo. Incluso el FMI, su padrino intelectual, ha recomendado a los gobiernos (¡quién lo creyera!) gastar ampliamente en apoyar a los sistemas sanitarios, las familias y las empresas para atenuar el impacto económico de la pandemia.
Entonces, ¿cómo se explica la renuencia del Gobierno en inyectarle recursos suficientes a estos sectores y que insista más bien desviarlos para aumentar la liquidez del sistema financiero? La respuesta puede llevarnos más allá de la tara mental que agobia a gobernantes neoliberales como Duque y su ministro, con su respeto reverente por las desfasadas calificadoras de riesgos y los mercados de capital o su favoritismo con los bancos privados. Una posible razón de tanta cicatería con la que se arriesga la destrucción de muchos puestos de trabajo (que acarreará el desplome en las condiciones de vida de la gente), es la confianza en que la repentina reactivación de la actividad económica que viene forzando temerariamente le ahorrará al Estado gran parte del esfuerzo fiscal destinado a reparar los daños de la crisis, sin importar si eso implica que se aceleren los contagios y la mortalidad o que muchas empresas cierren para siempre por falta de apoyo.
El llamado “levantamiento gradual” de la cuarentena, sin tener preparado aún el sistema de salud para afrontar una ola de contagios, no es más que otro eufemismo de Duque para disfrazar la realidad, como el “diálogo nacional” frente a los reclamos del movimiento social o la “cero tolerancia” con las mafias que violan los derechos civiles, compran las elecciones y persiguen a periodistas y opositores. El Gobierno sabe que con esta estratagema para minimizar el gasto público social pone en riesgo muchas vidas, así como la estabilidad del empleo y el bienestar material del pueblo; y también, que el aumento descontrolado de las víctimas podría obligar a un nuevo confinamiento. Pero calcula, con una lógica mezquina, que al ordenar la rápida apertura de la economía los ahorros que puede lograr en el gasto público compensatorio disminuyen la necesidad de un mayor endeudamiento. Y, lo más importante: el riesgo de verse obligado a respaldarlo con la reversión de los privilegios fiscales regresivos que ha concedido a los grandes capitales… o quizás (¡vade retro!) un indeseable impuesto al patrimonio que incomode a los superricos, sus protegidos.

Los posibles propósitos de la segunda declaratoria de emergencia económica

El pasado 6 de mayo, bajo la figura de prolongar la cuarentena hasta el 25 de este mes, el gobierno de Duque abrió la actividad económica a casi todas las ramas de la economía (decreto 636 de 2020), excluyendo por ahora a una parte del comercio, al sector hotelero, el transporte aéreo e intermunicipal y al entretenimiento. Apertura al estilo de Trump, de quien Duque vive presumiendo un supuesto apoyo que muy pocos aprecian en estos tiempos.
Entre las 46 excepciones que reciben el permiso de abandonar la cuarentena incluye a las notarías y las comisarías de familia, pero -igual que en los anteriores decretos que ordenan el aislamiento social- guarda silencio sobre los miembros del Congreso, los jueces y las altas Cortes. Algunos analistas no han dejado de notar que esta omisión, aun en el caso de que la autorización a éstos para reunirse no fuera estrictamente necesaria, deja la impresión de que el presidente Duque prefiere gobernar sin los contrapesos constitucionales ni el control político por el Congreso a los múltiples decretos-ley que ha venido emitiendo en uso de la emergencia económica.
Ciertos políticos del partido de gobierno confirman esta impresión con su hostigamiento a los congresistas que procuran trabajar presencialmente en el Capitolio y con propuestas sobre el cierre del Congreso o su recorte, alegando supuestas preocupaciones de austeridad económica. No objetan, sin embargo, los gastos suntuarios en carros blindados y en la autopromoción de la imagen presidencial por más de $9.000 millones, firmados por Duque en plena emergencia sanitaria. Un ejemplo nítido de las verdaderas preocupaciones del presidente y de su insensibilidad ante las graves privaciones del pueblo (que la vicepresidenta llamó “atenidos”).
El mismo 6 de mayo expidió el decreto 637 de 2020 con el que declara por segunda vez la emergencia económica, social y ecológica. Su justificación es el supuesto carácter imprevisible de la prolongación del aislamiento social y el empeoramiento incalculable de los perjuicios económicos y sociales de la crisis, de lo cual se deriva la necesidad de adoptar nuevas medidas extraordinarias para conjurarla y mitigar sus efectos. Haciendo caso omiso de la obvia falsedad del argumento sobre la imposibilidad de anticipar la extensión de la crisis y sus consecuencias (teníamos ya los ejemplos de los países de Europa), vale la pena destacar cuatro puntos en el apartado de la justificación de la declaratoria referente a las “Medidas generales que se deben adoptar para conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos”.
El primero es la atribución de “modificar el uso y destino de las contribuciones y transferencias derivadas de los contratos” del sector financiero, asegurador y bursátil, lo que sugiere la intención subvencionar a estos sectores de la élite de los conglomerados económicos.
El segundo, “contemplar mecanismos para enajenar la propiedad accionaria estatal”, es decir, vender las empresas del Estado. Con ello se pretendería utilizar la crisis sanitaria para seguir avanzando en uno de los puntos clave de la agenda neoliberal: la privatización de empresas públicas y el debilitamiento del Estado.
El tercero es “adoptar medidas y reglas especiales en relación con el Sistema General de Regalías” que forma parte vital de los ingresos de las entidades territoriales. Eso hace temer por un nuevo zarpazo a los recursos de los municipios y departamentos, adicional al que ya le dio el Gobierno al Fonpet y el FAE en el decreto 444 de 2020, con el cual se apropió inconsultamente de $14.5 billones para financiar, a su criterio, las medidas de emergencia.
Y el cuarto, “la adopción de medidas en aras de proteger el empleo, entre otras, el establecimiento de nuevos turnos de trabajo”. Nótese que la expresión “entre otras” no es taxativa, lo que deja abierta la puerta para meter de contrabando cualquier cambio regresivo en el régimen laboral como los propuestos por Vargas Lleras; o los sacrificios “temporales” de los trabajadores para ayudar a las empresas y el salario por horas promovidos por gremios como Fenalco, Anif y la Andi (ya se sabe, por ejemplo, del aplazamiento del pago de la prima de junio).
Entre todas las atribuciones decretadas, la amenaza de reforma laboral es la más grave, no sólo porque contribuiría a cercenar los modestos ingresos de los trabajadores y contribuir a su pauperización, sino porque haría mucho más remota una recuperación económica cuya clave está en el repunte de la demanda, no en el impulso a la oferta, como sostienen los neoliberales. Por eso, cuando entrevistaron en estos días a un conocido empresario sobre la reapertura de su fábrica, respondió que su verdadera preocupación no era volver a producir sino si tendría compradores.
Como manifiesta Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, “No podemos transitar por los mismos caminos que nos han traído a estas grandes brechas. Estamos ante un cambio de época, de paradigma”. Pero hacer que esto sea una realidad pasa por frenar los intentos de los gobiernos neoliberales de aprovechar las condiciones de excepción para proseguir y afianzar su proyecto regresivo.

Mayo 25 de 2020

La precariedad y el trabajo: otra crisis, una “nueva” salida

mayo 28, 2020 Add Comment



Hoy, los mismos personajes que diseñaron las políticas que lanzaron a los trabajadores a la inestabilidad y a la pobreza, piden que seamos comprensivos, que aceptemos la suspensión unilateral de los contratos, la pérdida de los beneficios de las convenciones colectivas, de las dos primas anuales y además, las rebajas significativas en los salarios; que se deben acelerar la implementación de la contratación por horas y todo en nombre de salir de esta crisis pero olviden, convenientemente, que los y las trabajadores de este país, llevamos años viviendo en crisis y que no nos da para salir de otra.
Por Daniel Hawkins y Diana Marcela Jiménez

El primero es director del Proyecto Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical (CAL): direrctoracal@ens.org.co; y la segunda es economista: diana.marcela.jimenez@correounivalle.edu.co. / Tomado de Agencia de Información Laboral.
En tiempos de pandemia, cuando tan necesaria se hace la franqueza, aquí va: No somos ni hemos sido una sociedad industrial, en el sentido estricto de la palabra, la misma evolución de la participación del sector de la manufactura en la producción colombiana, lo demuestra. Tampoco conocemos cómo es vivir en un Estado de Bienestar. No obstante, seguimos fielmente la concepción de que el trabajo asalariado es la mejor manera para que las personas alcancen una vida digna, tanto a nivel personal como familiar. Continuamos creyendo en las promesas de la sociedad industrial y el modelo de integración laborista, pero, nos equivocamos. El trabajo, hoy en día, no ofrece la posibilidad de movilidad ocupacional, no nos garantiza una vida digna, ni siquiera el mínimo vital.
Miramos nuestro frágil y mal regulado mercado laboral y, ¿qué encontramos? Una tendencia clara a que, con los años han disminuido los trabajos asalariados mientras crece el trabajo de los cuentapropia, proclamados, estos últimos, por los voceros de la economía naranja, como la fuente de liberación de los emprendedores, cuando en la realidad es un eufemismo por el rebusque. La franqueza, en estos tiempos, es necesaria.
Para el segundo trimestre de 2019 solo el 50,2% de la población ocupada era asalariada (un poco más de 11 millones de trabajadores), mientras casi 9,5 millones de personas se contaban como cuenta propistas. En términos de la tasa de informalidad laboral, calculada a partir de la afiliación de contribuyentes a los regímenes de pensiones y salud, se registraba que el 52,3% de los más de 22 millones de trabajadores están excluidos de estos dos sistemas básicos de protección social. De otro lado, más del 30,4% de los trabajadores del país no contaba con algún título educativo y otros 38,5% solo con el bachillerato, así que las posibilidades de movilidad social – transgeneracional, también se iban limitando; la promesa de fomentar una población altamente educada para aumentar la productividad en sectores económicos con alto valor agregado solo fue esto, un discurso rimbombante, sin ton ni son.
Aquí la prioridad fue y ha sido, la de liberalizar el comercio, flexibilizar las relaciones laborales y vender muchas de las empresas públicas estratégicas al postor más congraciado con los gobernantes. Para poder “competir” en el mercado global nos dijeron que debíamos aplazar nuestras esperanzas y trabajar más duro, por menos, como sumisos sirvientes a una patria lejana y sorda; después vendrá la bonanza. Padecimos la flexibilización e inestabilidad contractual, los atropellos de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), las Sociedades por Acción Simplificadas (SAS), los contratos sindicales y los pactos colectivos, además de perder parte de los dominicales y de las horas nocturnas, todo en nombre de bajar la carga laboral de los empresarios. Porque primero se piensa en ellos, en los empresarios y no en quienes realmente trabajan.
Para las y los trabajadores colombianos nunca llegó tal promesa, la de la bonanza, y ahora la vida cotidiana se volvió todavía más hostil. Tan solo en un mes los mal llamados “inactivos” crecieron en casi 1,8 millones y los desocupados en 287 mil, y esto con nada más que ocho días de confinamiento obligatorio. Y si esto pintó mal, ¡abril será mes de tormentas!
Nos dicen que debemos enfrentar esta pandemia todos juntos, en solidaridad, con estoicismo. Que debemos inyectar crédito a las empresas, a través del sector financiero, per se, avaro, sobre todo con los pequeños clientes. Que debemos salvar a las empresas, generadoras de empleo y de orgullo colombiano, como Avianca que, no obstante, es una empresa registrada en Panamá, notorio por ser un paraíso fiscal y que por años tercerizó a miles de sus trabajadores y despidió a otros tantos por reclamar la violación de su convención colectiva. Se ha olvidado, tan pronto, que no todas las empresas están igual de débiles, porque la desigualdad en este país es a todo nivel. Justo, tan solo hace un año, se celebraba que más del 80% de las 5 mil empresas más grandes del país, arrojaron utilidades y que dos tercios de ellas aumentaron sus ventas, pero, aun así, hoy toca salvarlas. Es más, hace tan solo unos meses y como regalo por su buen desempeño, el gobierno les dio otra reforma tributaria regresiva, aprobada con buenas tajadas de mermelada para los congresistas a puertas nocturnas, finalizando el mes de diciembre del año pasado mientras que el pueblo protestaba en las calles.
Hoy, los mismos personajes que diseñaron las políticas que lanzaron a los trabajadores a la inestabilidad y a la pobreza, piden que seamos comprensivos, que aceptemos la suspensión unilateral de los contratos, la pérdida de los beneficios de las convenciones colectivas, de las dos primas anuales y además, las rebajas significativas en los salarios; que se deben acelerar la implementación de la contratación por horas y todo en nombre de salir de esta crisis pero olviden, convenientemente, que los y las trabajadores de este país, llevamos años viviendo en crisis y que no nos da para salir de otra.
Las salidas a esta actual coyuntura tienen que ser distintas e innovadoras. No da para repetir las mismas recetas reencauchadas; no nos da para cometer los mismos errores, en los que los asalariados asumen todos los costos de la solución. Se supone que los capitalistas deben innovar o perecer así que, siguiendo a la eficiencia dinámica del austriaco, Joseph Schumpeter, ¿por qué los castigos del mercado siempre son para los trabajadores o para las MYPES, pero nunca para los grandes rentistas? ¿Por qué olvidar las salvadas de las empresas que contaminan el ambiente, que violen las leyes laborales? ¿Por qué ignorar los subsidios al empresariado veloz para pedir ayudas públicas, pero lento para meter mano en su bolsillo y pagar sus impuestos? Tenemos una propuesta: ¿por qué no se salvan los ingresos de los trabajadores, enfrentando la penuria con un dividendo social temporal, una medida que pueda devolverlos a la dignidad y reactivar el consumo? Será una medida para hoy, luego hablaremos de cómo transformar nuestro precario mundo de trabajo y producción con una renta básica universal. Son tiempos para cambiar la política, son momentos para pasarnos a la otra orilla.
Mayo 9 de 2020

“La Bolsa o la Vida”. Invertir la mirada de lo privado y lo público

mayo 28, 2020 Add Comment



Hoy estamos ante un asaltante invisible, un virus (Sars-CoV-2 o coronavirus de tipo 2) y una enfermedad (la Covid‑19), que las narrativas bélicas llaman el “enemigo”. Apenas empezamos a hacer sentido de lo que está pasando al buscar referentes simbólicos para nombrar lo real y para calibrar sus alcances o profundidades. Las distintas historias de lo que está ocurriendo nos permiten cavilar que muchos serán los cambios porque las cosas no serán ni podrán ser iguales que antes, y porque la “normalidad” que se añora fue un espejismo. ¿Cuáles serán esos cambios inexorables? ¿Supondrán un paradigma social, económico y ecológico alternativo? ¿Qué es lo nuevo que emerge con potencia y no podemos nombrar convincentemente aún? ¿Los riesgos, los miedos y los estigmas decidirán qué vidas deben ser vividas por encima del derecho a la vida mismo?

Alain Basail Rodríguez
Investigador del Centro de Estudios de México y Centroamérica (Cesmeca), Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach). Integrante del Comité Directivo de Clacso. Artículo publicado originalmente en: https://www.chiapasparalelo.com

Los asaltantes de caminos, bandoleros o ladronzuelos urbanos han increpado a sus víctimas a lo largo de los tiempos con la frase “¿la bolsa o la vida?”. Uno siempre ha leído, visto, oído o experimentado que, tras superar la sorpresa, los asaltados sueltan raudos la bolsa, la cartera, las joyas y los arreos para salvar sus vidas con la excepción de los que confían en sus artes con las armas o con la palabra precisa para negociar.
Más allá del sentido de los episodios cotidianos, las dicotomías pagar o vivir, economía o vida, responden a lógicas binarias siempre reduccionistas, extremas y restrictivas que se fundamentan en ideologías belicistas con consecuencias tan perversas como las de los lemas nacionalistas dónde la patria antecede a la vida o es preferible la conceptualización y el éxito de la muerte. Hace unos años, Eric Tossaint publicó un libro donde planteaba esta misma disyuntiva con el provocativo subtítulo de Las finanzas contra los pueblos para discutir los desastres de las políticas desarrolladas en nombre de la ofensiva neoliberal.1
Hoy estamos ante un asaltante invisible, un virus (Sars-CoV-2 o coronavirus de tipo 2) y una enfermedad (la Covid‑19), que las narrativas bélicas llaman el “enemigo”. Apenas empezamos a hacer sentido de lo que está pasando al buscar referentes simbólicos para nombrar lo real y para calibrar sus alcances o profundidades. Las distintas historias de lo que está ocurriendo nos permiten cavilar que muchos serán los cambios porque las cosas no serán ni podrán ser iguales que antes, y porque la “normalidad” que se añora fue un espejismo. ¿Cuáles serán esos cambios inexorables? ¿Supondrán un paradigma social, económico y ecológico alternativo? ¿Qué es lo nuevo que emerge con potencia y no podemos nombrar convincentemente aún? ¿Los riesgos, los miedos y los estigmas decidirán qué vidas deben ser vividas por encima del derecho a la vida mismo?
Las plagas, las enfermedades, las epidemias y las catástrofes han sido parte del devenir de la historia socio-natural de la humanidad. También, los asaltos callejeros. Estos continuarán y se intensificarán con el aumento descomunal de la pobreza por lo que salvar la vida seguirá siendo lo primero a nivel individual. Sin embargo, es legítima una duda: ¿salvar vidas será la prioridad colectiva de la sociedad? En plena contingencia sanitaria luchar por preservar vidas humanas es lo primordial por lo que antes que curar hay que prevenir. Sabemos que los virus no entienden de clases o marcadores sociales pero que se ceban con la desigualdad social, por lo que los pobres son los mayores perdedores de todas las crisis. Tras las curvas de morbilidad y mortalidad, la curva de la pobreza se desbocará a niveles históricos mientras todos y todas nos empobrecemos más. Nadie escapa ni se salva de El triunfo de la muerte en un mundo consumido, como mostró Pieter Brueghel el Viejo en su óleo sobre tabla de aproximadamente 1562.
Entonces, la discusión sobre la enfermedad y la salud, la muerte, la vida y la economía a nivel individual y colectivo es tarea de toda la sociedad, de los gobiernos y del Estado. Hoy pocos andan por los caminos con alguna bolsa de dinero en sus alforjas. Los capitales están a buen recaudo en los bancos, materializados en inversiones o ya fueron girados electrónicamente a cuentas en el extranjero. No es hora de enfrentamientos para sacar ventaja para intereses particulares. Tampoco es hora de arreglos de cuentas políticas. No serán la mezquindad, el egoísmo, la crueldad y la falta de sentido común los que sacarán adelante a un país enorme como México. En esta hora está a prueba la capacidad de trascendencia de los actores políticos y sociales, porque está en juego la supervivencia de miles y millones de mexicanos y de los seres humanos en general. Esta hora de urgencias inaugura una nueva época que alcanzará otra “normalidad”.
La discusión abierta sobre la oposición público o privado nos embarca en un falso problema. Debemos sopesar los intereses privados y los intereses públicos y pensar su compleja relación. Promover la iniciativa privada, respetar la propiedad privada y considerar los intereses privados no supone caer como se ha caído en el fundamentalismo del mercado (el Estado mínimo). El dinamismo privado es una fuerza utilísima en muchos ámbitos y sectores. Sin embargo, no todo es negocio, no todo es negociable. La vida no lo es y no debe serlo en la sociedad pos-corona. Recordemos de la mano de muchos filósofos liberales que los límites del interés individual son los límites de la vida del otro o de la otra, así como los límites del capital, deberían ser los límites de la protección de todas las formas de vida.
Las elites económicas deben dejar a un lado las hipocresías. La lógica de ganar a toda costa y coste social o salvar sus bolsas al precio de la degradación de otras vidas, no es ética y no les da ningún liderazgo social, ni les dará ningún reconocimiento público. Mientras algunos solo piensan en salvar sus inversiones y aumentar sus ganancias evadiendo hasta el pago de impuestos sobre la renta y despidiendo a sus empleados, muchas comunidades muestran su potencia con solidaridades, activando sus vínculos colectivos y apoyándose mutuamente. Muchos son los espacios creativos que se multiplican para el trueque, para apoyar a los pequeños negocios, para comerciar justamente, para enseñar y aprender, para tejer redes de vida y proteger la vida.
No pocos creemos que, tras la crisis, lo público debe reemerger y sanarse de todas las heridas neoliberales sin caer en el fundamentalismo del Estado o la estatización (el Estado máximo). La intervención pública debe ser socialmente extensa, masiva y hasta universal. Acompañarse de otra forma de gestión, con menos burocracia, menos politización, sin clientelismos, sin mercantilización, comercialización o monetarización alguna de los servicios, ni renuncias a la calidad, la excelencia, la calidez y la cercanía. Hoy estamos valorando más cómo lo público nos salvará de esta crisis y de la crisis estructural que se fue normalizando y naturalizando. Sin duda, la salud pública, la educación pública y la ciencia pública son un patrimonio en el que fijamos nuestras esperanzas de sobrevivencia y de vida digna. Sin embargo, la salud, la educación y la ciencia vieron socavarse sus bases en las últimas décadas porque el Estado mínimo las fue restringiendo, recortando sus presupuestos, subvalorando a sus especialistas, precarizándolos. Son las ironías de la vida de las que no se puede escapar nadie: toda nuestra de fe y la fuerza de nuestra salvación hoy recaen en la investigación científica, la innovación tecnológica y la pericia de especialistas en salud pública.
La salud, la educación y la ciencia son campos de acción pública en pleno escrutinio. También están a debate nuestros derechos a servicios gratuitos o de paga, y a la atención sin restricciones eugenésicas por la edad. En esos campos, ciertas formas de mercantilización de las relaciones fueron imponiéndose ante los recortes presupuestales, las políticas de austeridad, los dispendios de las burocracias y no pocas negligencias institucionales. Se ha tratado del desmantelamiento y la precarización del sistema público de salud. Estas situaciones se resumen en la precarización de los trabajadores, en el maltrato y en sus heroísmos cotidianos para ejercer sus profesiones. Algo que hoy aplaudimos todos juntos y que los propios galenos llaman “medicina de la catástrofe o medicina de guerra”.
La inversión en el sector público no debe reñirse a la lógica de las ganancias del productivismo y la eficiencia, aunque su productividad y eficacia sean deseables. La salud humana, la salud colectiva o comunitaria y la salud de la naturaleza no están divorciadas, así como la crisis ambiental y la pérdida de habitad que vive la humanidad son la misma cosa que nos afecta a todos de una forma u otra con, por ejemplo, la falta de acceso a agua potable.
Ante los ojos de esta época emerge con claridad que nuestros modos de vida tienen que cambiar porque la textura de la vida está cambiando. ¿Qué nuevas reglas vamos a jugar sin dispendios, consumismos y pillajes? Estamos ante un nuevo tiempo de batallas políticas que son viejísimas pero que se renuevan. Ojalá veamos con claridad que no se trata de incidentes pasajeros, ganemos en conciencia que esta situación repentina no era del todo impredecible porque remite a problemas y vulnerabilidades estructurales de la humanidad en su conjunto. Ahora que se debaten nuevas leyes de ciencia y educación a nivel federal y estatal, hay que preguntarse: ¿qué principios sustentan los debates? ¿Qué valores esenciales de la sociedad están en juego? ¿Cuál es la fuerza de los liderazgos y las fuentes del poder que están detrás de la fachada?
Un escenario posible es que las rivalidades se acrecienten por el control de los recursos, que políticos y empresarios quieran ganar y, como siempre, que pacten desde arriba transfiriendo los costos a la mayoría de la población. Esto es algo con lo que dice no comulgar el actual gobierno, lo cual es fuente de desencuentros, desacreditaciones y conspiraciones. Otro distinto es que un verdadero pacto emerja para la reconstrucción del país a partir de la convergencia y la cooperación social. Esto puede ser ilusorio, utópico y hasta mágico-maravilloso, pero, si en política todo es posible y el sentido de sobrevivencia de la clase política y empresarial se aguza, es urgente reconstruir la sociedad mexicana de manera creativa posicionándola en el contexto de una nueva etapa de la globalización donde las soberanías nacionales recuperarán terreno. No hay de otra: o nos salvamos todos/as juntos/as o nos hundimos uno/a a uno/a.
Quizá la reconstrucción de los sistemas de protección social que son la trama de los hilos de la vida apunte a reforzar los derechos a la salud, la educación, a la información y al conocimiento o a justificar la biovigilancia, el monitoreo en tiempo real de nuestras funciones vitales y de nuestro rendimiento laboral y sexual online o offline. Esto significa un rearmado del orden biopolítico en condiciones de excepción para un control autoritario de la población socavando los derechos y valores de la sociedad liberal. Por eso el debate sobre la enfermedad o la salud, la ignorancia o el conocimiento, la economía o la muerte, la bolsa o la vida, nos concierne a todos y todas por lo que no se puede dejar a ciegas en manos de nadie.
¿Qué respaldos e inversiones estratégicas se sostendrán para la investigación científica, la innovación tecnológica, la promoción de salud, la formación universitaria del personal médico, paramédico, especializado en epidemiología, virología, estadística, prevención, gestión y comunicación de riesgos y en economía de la salud? Esto no solo es una cuestión de fe, lo es de política pública. Si las elites políticas y económicas no se dan cuenta y siguen cortando los hilos de la vida porque confían en otras fuentes de autoridad y legitimidad tradicionales, la sociedad se los demandará activamente tarde o temprano porque no tendrán credibilidad ni escapatoria alguna.
Es hora de mirar el horizonte, de caminar y mover esos límites imaginarios de la nación, de ver más allá de los feroces radicalismos en nombre de alguna identidad de grupo, clase o partido e, incluso, de fanatismos religiosos. Más allá del interés oligárquico o aristocrático de una élite económica y política que se resiste a compartir las cargas fiscales, más allá del narcicismo por la sorpresa inicial, hay que reconocer que las cosas no estaban tan bien como se creía, hay que superar el trauma coyuntural e histórico, hay que ser resilientes, reconocer los problemas de fondo, aprender a mirar para los lados y enrolarse en la búsqueda de salidas colectivas para hacer que la historia se quiebre en positivo con otro proyecto de sociedad. Estamos ante una ruptura estructural, podemos reconocerlo hoy o mañana, pero si lo hacemos mañana lamentaremos más muertos y podría ser demasiado tarde. Esto es lo que más preocupa a mi ahijado Santiago que advierte la extinción de la especie humana como la de los dinosaurios. También a mí, a lo que sumo el temor porque al intentar subirnos al furgón de cola del tren de la historia puedan confundirnos con los bandidos y ni siquiera nos pregunten qué tenemos en nuestros vacíos bolsillos, en las cabezas y las barrigas. Necesitamos, pues, anclarnos por el bien de todos y todas, por el bien público: la vida y lo público, primero.
Nota
1- Eric Tossaint, La Bolsa o la Vida. Las finanzas contra los pueblos. Buenos Aires: Clacso ,2004 [2002].

La mano larga tras la pandemia

mayo 28, 2020 Add Comment



Cuando se mira el mapa económico actual se descubre que un puñado de corporaciones manejan los principales negocios a lo largo del planeta, que se materializan en las 300 familias que son dueñas de la mitad de la riqueza del planeta. Esas corporaciones o familias son las que salieron indemnes en 2001 y 2008, a costa del padecimiento del 90 por ciento o del 99 por ciento de los pobladores del orbe. 
Por Pascual AmézquitaPhD. en economía, profesor universitario

Quienes nacieron a principios de este siglo han vivido, en rara excepción para la corta vida de una persona, en medio de tres hechos que acarrean grandes giros históricos: La implosión de las Torres Gemelas en septiembre de 2001, la crisis económica de 2008 y la actual crisis desatada por el covid-19. Hay elementos comunes a los tres extraordinarios acontecimientos que vale la pena destacar, y si bien el covid-19 hasta ahora empieza, los otros dos acontecimientos permiten interpolar conclusiones.
Los platos rotos
Ante todo, que quien terminó cargando con el peso de los nefastos efectos fue el grueso de la población mientras los pocos dueños de la riqueza del planeta vieron acrecentar su poder económico y político sin afectaciones, pues en este siglo ni siquiera se vieron las decenas de suicidios de millonarios que ocurrieron en 1929. El Acta Patriótica, expedida luego de la caída de las Torres Gemelas abrió la puerta a la sistemática violación de los más elementales derechos de los individuos en Estados Unidos y en el mundo.
De otra parte, no obstante los golpes de pecho de algunos de los artífices de la economía y de la política, pasada la crisis no corrigieron para nada el rumbo de lo que venían haciendo pues ellos son apenas la materialización de unas tendencias, de unas leyes de hierro, en este caso las de la economía capitalista. Por eso de poco sirvieron los llamados de sus mismos teóricos como Krugman, Piketty, Stiglitz o Sachs.
Estos dos elementos comunes no dan muestras de que vayan a cambiar por la actual crisis. La burguesía financiera desde la década de 1980 ha adquirido un desproporcionado peso económico y político frente a los otros sectores capitalistas y los trabajadores. Ello se expresa en el absoluto control que ejercen sobre las finanzas públicas a través de los préstamos a los Estados a lo largo y ancho del planeta con excepción de China. Además controlan para su beneficio los negocios básicos para atender el bienestar de la población, la salud, las pensiones y, de manera creciente, la educación.
Este fenómeno ‒analizado en profundidad por Lenin y por Hilferding quienes estudiaron el capitalismo financiero‒, se manifiesta, por supuesto, en el control de los otros sectores reales de la economía, el manufacturero (con su expresión actual, el mundo de los servicios tecnológicos) y el agrícola. Estos autores pusieron de presente que estaba ocurriendo una fusión entre el capital de la vieja burguesía industrial y el capital de los banqueros, y estos últimos terminarían controlando todo, como en efecto ocurrió. El resultado anunciado por ellos fue el surgimiento del capital financiero y la consolidación de los monopolios.
Cuando se mira el mapa económico actual se descubre que un puñado de corporaciones manejan los principales negocios a lo largo del planeta, que se materializan en las 300 familias que son dueñas de la mitad de la riqueza del planeta.
Esas corporaciones o familias son las que salieron indemnes en 2001 y 2008, a costa del padecimiento del 90 por ciento o del 99 por ciento de los pobladores del orbe. Y todo indica que, a menos que haya un levantamiento popular mundial, en esta crisis se enriquecerán más.
Unos más iguales que otros
Se anuncia por parte del Banco Mundial y el FMI que el crecimiento del PIB mundial será negativo, en porcentajes que van entre -1,5 y -4,0 según la fuente. Pero al desagregar los sectores y los países se observa que no todos tendrán la misma suerte, pues se está hablando de promedio mundial y promedio de sectores. La caída mundial no será peor porque China, maltrecha, sigue mostrando tasas de crecimiento positivas, en tanto el resto del planeta no. La grafica 1 muestra el crecimiento de algunas de las economías y la gráfica 2 las proyecciones para el conjunto del planeta que muestran una terrible caída de hasta el 10%. Ello significa que la situación de la población mundial será catastrófica.
Por sectores el asunto también es diferente. Por el momento conviene llamar la atención sobre los grandes perdedores: los sectores agrícola, minero, manufacturero y de servicios asociados al turismo mundial. En el punto intermedio están los de infraestructura y los menos afectados, el sector financiero. Se repite la historia de las dos otras crisis de este siglo y de la que sirve de gran punto de referencia, la de 1929. La gráfica 3 muestra la suerte de algunos sectores en Estados Unidos, pero curiosamente ni Euromonitor, la fuente de estas tres gráficas, ni otras reconocidas fuentes hacen cábalas sobre el sector financiero, quizá para evitar mayor descontento.
La caída agrícola tiene un efecto que a nadie escapa, una hambruna generalizada. Cerca de la séptima parte de los habitantes de la tierra, unos mil millones de personas, tendrán dificultades para conseguir los alimentos diarios, y unos 250 millones (aun de países desarrollados) sufrirán de hambre aguda por varios factores: Una docena de empresas en el mundo controlan la compra de los principales productos de la canasta alimenticia para convertirla en alimentos. En la jerga de los analistas del sector hablan de la cadena del surco al tenedor, la cual está parcialmente paralizada por cierre de transporte y de puertos, y con creciente posibilidad de pérdida de productos en los campos.
Ese oligopolio impuso a través de los tratados de libre comercio la política de que era mejor comprarles a ellos que a los calificados como ineficientes campesinos locales, acabando así con la soberanía alimenticia. El resultado es que, aún países con amplias posibilidades agrarias como Colombia o México para mencionar dos casos del vecindario, importan alimentos.
Tampoco los insumos médicos requeridos para enfrentar la pandemia escapan a las leyes del capitalismo salvaje. A ninguno de los productores mundiales se le ocurrirá donarlos sino que están en una desaforada carrera para venderlos al mejor postor, por no hablar de lo que ocurrirá cuando al cabo de muchos meses se descubra la vacuna para la prevención y el medicamento para atender a los infectados. Las denuncias hechas por mucho tiempo por Germán Vásquez en Colombia y por Stiglitz en el mundo sobre las desproporcionadas ganancias de los laboratorios, palidecerán con lo que viene.
Aún son inciertas las cifras de crecimiento del sector financiero, hay elementos para juzgar que no defraudarán a los dueños de los bancos, las aseguradoras, los fondos de inversión, las agencias de bolsa y las empresas de medios de pago. En efecto, salvo el manejo dado en China y quizá en Corea del Sur, en el grueso de los países todos los incentivos que se están dando (créditos normales o subsidiados, ayudas a los empresarios o trabajadores, reconstrucción de los arruinados servicios de salud) se hacen a través del sector financiero de manera que cada dólar dado por el Estado implica muchos centavos para los banqueros.
De otra parte, los fondos asignados por el Banco Mundial y el FMI también terminan nutriendo a los banqueros privados pues llegan a través de los bancos centrales de cada país (el Banco de la República en Colombia) que se los entregan a los bancos privados para que los administren.
En cualquier caso, si el destinatario final no paga, los Estados crearon fondos de garantías para absorber las pérdidas, que en consecuencia no afectan a los privados intermediarios.
Por lo demás, hay que destacar la denuncia hecha por el muy respetado economista colombiano José Antonio Ocampo de que las ayudas dadas por el Banco Mundial son menores a las asignadas como consecuencia de la crisis de 2008, y de que los recursos del FMI, dada los condicionamientos impuestos (85 países han pedido ayuda), correrán masivamente hacia los países desarrollados, no a los atrasados. Remata su denuncia afirmando que hay una fuerte salida de capitales de los países atrasados hacia los paraísos fiscales, propulsada por la nefasta práctica de las agencias calificadoras de riesgo de disminuir la nota de los países, lo cual encarece las tasas de interés[1].
Gráfica 1. Crecimiento real (descontada inflación) del PIB en algunos países del mundo: 2019-2020.

Gráfica 2. Crecimiento real del PIB mundial entre 2018 y 2024. Cuatro escenarios, del más optimista al más pesimista.

Gráfica 3. Crecimiento de algunos sectores industriales, Estados Unidos, 2019-2020.

Sugerimos leer el siguiente artículo sobre el tema:

http://www.elbancarioaceb.com/2020/05/el-desastre-global-y-la-politica.html





[1] Kevin P. Gallagher, William R. Kring, y José Antonio Ocampo. Calibrar la respuesta de la crisis del covid-19. Disponible en: https://www.un.org/es/coronavirus/articles/calibrando-respuesta-crisis-covid-19.