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Declaración Aceb: Los abusos de un gobierno enemigo del pueblo colombiano

septiembre 29, 2020 Add Comment

 


Declaración Asamblea Nacional de Delegados de ACEB

Los abusos de un gobierno enemigo del pueblo colombiano

El gobierno de Iván Duque no cesa en su empeño de utilizar la pandemia del Covid-19 para ahondar en las medidas contra el pueblo colombiano. Persiste en su política de repartir limosnas a los más necesitados, entre los que se empiezan a contar, aquellos que se han quedado sin empleo durante el confinamiento obligatorio.

A su vez, continúa negándose a dar trámite al pliego de emergencia que le presentó el movimiento sindical y cerrando la puerta a cualquier posibilidad de atender el grito angustioso de quienes piden se otorgue la Renta Básica, que permitiría aliviar las calamidades de millones de familias que se debaten en la más absoluta miseria y generaría los recursos económicos necesarios para la reactivación económica en Colombia. En las manos del gobierno está la decisión de hacer uso de las reservas monetarias o seguir solicitando préstamos a la banca internacional, lo que implica además de sobre endeudarnos, que se hipoteque la independencia y la soberanía nacional.

En esta difícil coyuntura, continúa el cierre de empresas que no soportaron las medidas restrictivas y el marchitamiento económico con el cual el gobierno tiene sometido al país. La crisis se generaliza, pero esto no parece inmutar a quienes hoy ostentan el control de los destinos de Colombia. El Banco de la República decreta una nueva reducción de las tasas de interés a 1,75%  que cobra por los préstamos que otorga a las entidades financieras y continúa alharaqueando que esta es una medida para reactivar la economía, lo cual es una farsa que camufla la verdadera intención, cual es la de favorecer a los dueños de los bancos, quienes se benefician por partida doble: de un lado reciben capital muy barato y de otro mantienen las tasas de usura que cobran a sus clientes.

Todos los bancos, que tenían entre sus planes de mediano plazo la implementación de la digitalización y el teletrabajo, han encontrado en el confinamiento la oportunidad de oro para imponerle a sus trabajadores el trabajo en casa, so pretexto de estar velando por su salud, cuando en realidad lo que han encontrado en esta modalidad es el negocio del siglo en términos laborales, al imponer a sus trabajadores la obligación de convertir parte de sus viviendas en una extensión del banco e imponer mayores funciones y reuniones diarias que obligan a tener jornadas extenuantes por su carácter de indefinidas y así, de paso, reducir los  costos de las sedes bancarias frente a aspectos como alquiler, servicios públicos conectividad, cuotas de administración etc., como también, lo pertinente en elementos de trabajo y las implicaciones del ausentismo laboral.

Vale aclarar, que no implementan el teletrabajo, hoy medianamente regulado en la legislación laboral, para poder superexplotar la mano de obra, en términos extremadamente arbitrarios, manteniendo a los trabajadores aislados, lo cual permite las perversas prácticas de maltrato y acoso laboral, sin que los trabajadores puedan reaccionar en defensa de su dignidad.

Ya cesaron los mal llamados alivios que se otorgaron a los clientes, la situación para los bancos tiende a normalizarse, no así la de sus empleados que viven momentos de extrema angustia ante los permanentes cierres de oficinas, imposición de “arreglos al personal sobrante”, acuerdos estos que cubren a los bancos ante acciones legales por despidos masivos. Todos los bancos están haciendo fiesta con los derechos de los trabajadores y contribuyendo a acrecentar los niveles de desempleo.

Desde otra perspectiva, el gobierno que siempre se la ha jugado a privilegiar el control de la inflación por sobre el bienestar de su población, hoy tiene el índice de precios al consumidor en el 1.12% en lo que va corrido del año y en el 1.88% el acumulado de los 12 últimos meses. El costo de vida lo presenta con índices negativos en los últimos meses, cifras maquilladas, que le hacen un daño irreparable a los incrementos salariales que se rigen por el IPC.

En materia de negociación colectiva, comienza a cobrar pleno auge la determinación de utilizar los conflictos para renegociar a la baja los derechos de los trabajadores organizados sindicalmente, se están poniendo en práctica las recomendaciones de la Circular 033 del 17 de abril de 2020 de Mintrabajo, que plantea que los derechos de los trabajadores, sí se pueden revisar para ajustarlos a los tiempos de crisis. A los árbitros en los tribunales de arbitramento, se les concede la facultad para tener en cuenta tanto las peticiones de los trabajadores como las plasmadas en los contrapliegos patronales y “sus fallos serán en equidad”, pero claro, la equidad, como la conciben las clases dominantes, es decir, ayudar a los patronos a despojar los derechos de los trabajadores.

Un caso ejemplarizante es la situación de los compañeros del Cerrejón, quienes se encuentran desarrollando una huelga impuesta por la multinacional, que cerró los canales de negociación hasta tanto los trabajadores no acepten el desmonte de parte de sus derechos. La respuesta del sindicato no podía ser otra que salir a la huelga, que afortunadamente cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de los trabajadores y el conjunto del movimiento sindical. Seguramente, la empresa se la juega a dejar pasar la huelga sin facilitar acuerdos, para que, en el tribunal de arbitramento, escenario que continua legalmente para la definición del conflicto, lograr sus perversos objetivos con el apoyo del gobierno,

Presentar pliego de peticiones en medio de esta crisis bajo el supuesto de intentar mejorar las condiciones económicas y sociales de los trabajadores, implica correr enormes riesgos, que deberían sopesarse ya que un incremento salarial de dos (2), o hasta tres (3) veces la inflación al corte de agosto (1.88 X 2 = 3.76 o 1.88 X 3 = 5.64) en un hipotético caso, no justificaría de ninguna manera asumir tan elevado costo político.

En cuanto a la responsabilidad que caracteriza a ACEB, en nuestra convicción de líderes sociales y sindicales y como prueba fehaciente de tener clara la realidad política y social de los trabajadores, creemos que éste no es el momento adecuado para confrontar con los empleadores y la maquinaria estatal manejada por posiciones de ultraderecha fascista. No obstante, somos profundamente respetuosos de las determinaciones que, en uso de su autonomía, toman las organizaciones sindicales, decisiones que, aunque no compartamos, respetamos y apoyamos en la medida que las mismas, correspondan a actos sinceros en favor de sus afiliados y no como acciones enmarcadas dentro de intereses ajenos a los trabajadores.

En el caso de los bancos que es nuestro escenario natural y en la medida en que la presentación del pliego dependa de nosotros y que nuestro actuar sea determinante como titulares de la convención colectiva de trabajo, no presentaremos pliego, nos acogeremos a la prórroga automática de la convención y prevista en la legislación laboral, lo cual nos concederá el tiempo necesario para superar el estado actual de crisis que agobia a los trabajadores y que se cierne como una amenaza real en contra de sus derechos.

Sin embargo, cuando en la entidad financiera otros sean los sindicatos que constituyan la mayoría que les permita la titularidad de los derechos convencionales, no nos quedará otra alternativa que sumarnos al proceso so pena de desaparecer y abandonar la defensa de nuestros afiliados, situación que se ajusta hoy, al caso de BANCOLOMBIA.

En este escenario específico, somos una minoría que nos impone presentar nuestro pliego y aportar nuestro concurso en función de ayudar a que los empleados de este banco salgan librados en los mejores términos posibles, dejando claro, que no realizaremos absolutamente ninguna acción que pueda ser utilizada para inculparnos en el evento de que los resultados finales de la negociación del pliego presentado por los titulares, no sea el que esperan los trabajadores. Simplemente actuaremos en defensa de nuestro creciente número de afiliados.

Bogotá D.C., 27 de septiembre de 2020

Aprobado, en Asamblea Nacional de Delegados realizada virtualmente en la fecha.

Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEB

 

CENIT es el corazón de Ecopetrol

julio 13, 2020 Add Comment

 
Por la importancia capital para la economía nacional, la autosuficiencia energética y el desarrollo del país, y ante la amenaza del gobierno nacional, que usando de manera ilegal la emergencia sanitaria anuncia la privatización de los activos de la nación, en este caso de la empresa subsidiaria de Ecopetrol, CENIT, la Aceb reproduce el siguiente comunicado de la USO rechazando tamaño despropósito.
 

Por Edwin Palma Egea
Presidente nacional de la USO, abogado

Ecopetrol S.A no solo es la empresa más grande del país por ventas y activos, es también la empresa más grande del sector de petróleo y gas, y es la única compañía de petróleo integrada que opera en Colombia.

Cuando decimos que es una compañía integrada hablamos de una empresa que participa en toda la cadena de valor del petróleo: exploración, extracción, refinación (Refinerías de Barrancabermeja y Cartagena), el transporte y la logística (CENIT) y la comercialización. 

Ecopetrol hace todas esas cosas. A través de Ecopetrol y sus filiales Hocol, y Equión, se hace la exploración y producción de petróleo y gas. CENIT con sus oleoductos hace todo el transporte de los crudos producidos por Ecopetrol y sus filiales para llevarlos a las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena (Reficar), o exportarlos a través de los puertos de Coveñas y Tumaco.

En Reficar y Barrancabermeja se refinan alrededor de 350 mil barriles diarios de petróleo para producir gasolina, diésel y jet fuel (gasolina de aviación), que nuevamente son transportados por CENIT, usando poliductos, para abastecer las bombas de gasolina de las ciudades y las estaciones de tanqueo en los aeropuertos.

Sin CENIT, Ecopetrol no podría transportar el petróleo que produce, para refinarlo o exportarlo tendría que contratar esa actividad con terceros. Si eso ocurre Ecopetrol deja de ser una empresa integrada de petróleo y gas, y pasa a ser una empresa con operaciones de producción, y unidades de refinación aisladas, porque el transporte de crudo y derivados quedaría a cargo de otra empresa que le cobraría esa operación elevando los costos de Ecopetrol y reduciendo sus márgenes de rentabilidad. Si CENIT no existiera Ecopetrol dejaría de ser la cuarta petrolera de América Latina, y saldría del ranking de las cincuenta petroleras más grandes del mundo. Perdería al menos una tercera parte de su valor total, afectando el valor de la acción.

CENIT es por lo tanto el corazón de Ecopetrol, y el corazón de la industria del petróleo nacional, ya que CENIT transporta cerca del 90% de la producción total de crudo monetizándolo y convirtiéndolo en exportaciones, o en productos refinados de mayor valor para abastecer de combustibles a toda Colombia.

A través de CENIT, el estado colombiano es el propietario de 10 mil kilómetros de oleoductos con capacidad para transportar 1,2 millones de barriles diarios; 28 sistemas de transporte; 2 terminales de exportación en Coveñas y Tumaco; más 5 puntos de descarga y 2 de carga de petróleo y combustibles; Ese patrimonio estratégico y con altísima rentabilidad CENIT la convierten en la filial más valiosa de Ecopetrol, y su activo más estable en términos financieros y operativos de todo el sector petrolero de Colombia.

Las cifras del desempeño de CENIT dentro de Ecopetrol lo comprueban: Ventas totales de $13 billones; más $10 billones de Ebitda y $4,3 billones de utilidad neta en 2019; que corresponden al 30% tanto de la utilidad neta como del Ebitda del Grupo Ecopetrol.

CENIT tiene mayores márgenes de rentabilidad y ganancia que los negocios de producción y refinación. Por ejemplo, en 2019, mientras el margen Ebitda de CENIT fue del 65% y el margen neto del 32%; en la producción esos mismos márgenes fueron del 37% y 17%; y en la refinación más pequeños con un margen Ebitda del 4,2% y un margen neto de escaso 0,27%.

El segmento de transporte liderado por CENIT no solo es el de mayor rentabilidad sino el más estable de todos porque sus tarifas son fijas en dólares por barril, y no están expuestas a la variación de los precios del crudo. Basta ver que durante el primer trimestre de este año la refinación perdió $1,6 billones y la producción solo ganó $171 mil millones, en cambio CENIT ganó $1,5 billones, por esa razón fue que Ecopetrol pudo reportar utilidades netas por valor de $133 mil millones, sin la contribución de CENIT la perdida de Ecopetrol en el primer trimestre habría sido de $1,4 billones.

Por todas las razones anteriormente mencionadas CENIT y todos sus sistemas de transporte deben seguir siendo de Ecopetrol. Ser la dueña de CENIT es lo que le da a Ecopetrol el soporte para liderar el sector petrolero nacional. De nuevo las cifras del sector lo demuestran: en conjunto las 20 empresas más grandes de la industria más Ecopetrol tuvieron en 2019 utilidades cercanas a los $21,1 billones, sin embargo, ese monto de utilidades se reduce a $7,8 billones cuando se restan las utilidades por $13,3 billones que generó la empresa de todos los colombianos.

Para concluir, al vender Cenit, Ecopetrol perdería la tercera parte de su valor, o más, habría que pagarle a un tercero el transporte de petróleo y derivados, el presupuesto nacional tendría que llenar un hueco de entre tres y cuatro billones cada año. Perdemos todos.


Porque la muerte tiene muchas formas y en todas, somos víctimas las mujeres. Emergencia nacional por feminicidios

julio 13, 2020 Add Comment


Por Sonia Liliana Vivas Piñeros
Licenciada en Ciencias Sociales UPN y docente, representante de FECODE en la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia e integrante del Colectivo de Mujeres Malú. Tomado de Nueva Gaceta.

El grado de naturalización de ese maltrato se evidencia, por ejemplo, en un comportamiento reportado una y otra vez, por todas las encuestas sobre violencia de género en el ámbito doméstico: cuando la pregunta es colocada en términos genéricos: “¿Usted sufre o ha sufrido violencia doméstica?”, la mayor parte de las entrevistadas responden negativamente. Pero cuando se cambian los términos de la misma pregunta nombrando tipos específicos de maltrato, el universo de las víctimas se duplica o triplica. Eso muestra claramente el carácter digerible del fenómeno, percibido y asimilado como parte de la “normalidad” o, lo que sería peor, como un fenómeno “normativo”, es decir, que participaría del conjunto de las reglas que crean y recrean esa normalidad (Segato, 2003; p. 3).

Un fantasma vuelve a recorrer el mundo entero. Es el fantasma de la conciencia y el coraje de las mujeres para decir: ¡No más! Basta de que nos maten de tantas formas. Hartas estamos de que la eliminación patriarcal de nuestra voluntad, de la soberanía sobre nuestros cuerpos, de la subestimación de la trayectoria profesional y laboral, de la romantización de la maternidad y del cuidado como únicos campos de realización de las mujeres, de que todo esto, siga siendo la constante.

No se trata de que “los tiempos pasados hayan sido mejores”, lo que explica que, aparentemente, sólo de manera reciente, las tasas de maltratos, abusos, desapariciones y feminicidios se hayan disparado. Se trata de que en esos “tiempos pasados” en los que el miedo, base del control machista y patriarcal sobre las mujeres, impedía que el desafío de las mujeres a ese lastre cultural (que desde siempre ha existido) fuera masivo como lo es ahora y que por cuenta de los resquicios que se van abriendo desde el contexto de la globalización, las corroídas estructuras neoliberales no sean las únicas que se fortalezcan, sino que, a la par, se globalizan las resistencias, entre ellas, las de las mujeres. “La historia deja de ser un escenario fijo y preestablecido, un dato de la naturaleza, y el mundo pasa a ser reconocido como un campo en disputa, una realidad relativa, mutable, plenamente histórica. Este es el verdadero golpe en el orden de status. Esa conciencia desnaturalizadora del orden vigente es la única fuerza que lo desestabiliza” (Segato, 2003; p.14).

La desestabilización de la que habla Segato implica la reacción del sistema patriarcal para conservar el orden establecido; ese, que le ha permitido posicionarse históricamente como “el sistema de todas las opresiones y que opera articulando estas opresiones sobre el cuerpo de las mujeres y desde estos cuerpos las reproduce en la humanidad y la naturaleza, justificando las guerras, la violencia y la depredación de la naturaleza” (Paredes y Guzmán, 2014; p. 58). Así, a partir de la humanidad de las mujeres es que se fortalece la opresión y si esa humanidad se levanta hay que “reprender”.

El panorama brevemente esbozado tiene un dramático escenario en América Latina, por cuenta del uso de la violencia y el maltrato en todas sus formas que va de la mano con la herencia colonial de absoluta imposición religiosa de la tradición de occidente. Y, si enfocamos aún más la mirada, por cuenta de la experiencia histórica de la violencia, en un país como Colombia ese panorama se hace verdaderamente desolador, porque las construcciones patriarcales, que asumen el cuerpo y la vida de las mujeres como botines de guerra, hace sistemática la eliminación, física o simbólica de lo otro, de lo diferente, en este caso, de las mujeres y sus apuestas de vida, porque no tienen ninguna cabida si no se insertan en la lógica patriarcal. De ahí que se afirme, desde el título del artículo, que la muerte tiene muchas formas porque no se agota en esa eliminación física, sino que ésta, que en nuestro país es una lamentable realidad, está antecedida por diversas formas de morir: La exclusión, el desplazamiento forzado, la maternidad no deseada, la marginalidad, la desigualdad, las actitudes y acciones violentas desde el lenguaje y el resto de campos simbólicos hasta los abusos y las violaciones, también matan en vida a tantas mujeres, de todas las edades, a diario. A esas tantas formas de muerte que denunciamos, hay que agregar que no sólo tienen a una mujer, que encarna el dolor emocional, físico o psicológico como única víctima, sino también a su entorno familiar que también muere muchas veces entre tanta revictimización de su tragedia.

Esas formas en las que se condenan a diferentes muertes a las mujeres colombianas y sus entornos familiares hallan desde el espacio estatal un letargo que sólo se comprende cuando se articula la cultura machista y patriarcal que nos atraviesa con la profunda descomposición ética en las formas de hacer política. Por ello, pasa de ser ingenuo a cínico el argumento desde el cual, desde el plano legal, los derechos de las mujeres se hallan plenamente protegidos y garantizados; la cultura no se construye y reconstruye por decretos, sino en el sustrato de las relaciones cotidianas que cuestionan lo que se percibe como “normal”; y, si bien es cierto que ese plano legal importa, “hay una condición indispensable: la mediatización de los derechos. La visibilidad de los derechos construye, persuasivamente, la jurisdicción. El derecho es retórico por naturaleza, pero la retórica depende de los canales de difusión, necesita de publicidad. Es necesario que la propaganda y los medios de comunicación en general trabajen a favor de la evitabilidad, y no en su contra (Segato, 2003; p. 14). Esa propaganda y demás medios de difusión tienen potencia en la medida en que sea la cultura misma la que demande esa necesidad; mientras eso no sea realidad, esos mismos dispositivos reproducen y fortalecen las justificaciones patriarcales de las diferentes muertes que padecemos las mujeres.

Los tiempos de pandemia en los que vivimos evidencian que el machismo y el patriarcado se fortalecen con el imperio del control desde el espacio privado que impuso la cuarentena; pero no sólo para quienes tienen el ‘privilegio’ de asumirla, sino también para quienes están en la condena de buscar la supervivencia aunque esto implique riesgos de contagio. Sea como sea, en ese contexto es que esas tantas formas de muerte a las que se condena a las mujeres han hallado en las cifras, datos alarmantes que han hecho que diferentes organizaciones y colectivos, no sólo de mujeres, sino de diferentes sectores sociales con apuestas alternativas, exijan a este gobierno postizo que en cuerpo ajeno hace shows en TV que evidencian la incapacidad de gestión adecuada de recursos para atender la contingencia, el desconocimiento de la histórica desigualdad social con la negativa a la renta básica y el aprovechamiento de la situación para amenazar la estabilidad laboral cuyas ganancias son producto de las luchas y organización sindical, popular o comunitaria, que declare la emergencia nacional por feminicidios, porque hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia, las distintas muertes contra las mujeres, en tantas horribles formas no son casos aislados, no pueden explicarse como situaciones desafortunadas producto de las lógicas del amor romántico plagado de machismo o como escarmiento por vivir la vida más allá de los cánones patriarcales. La emergencia nacional por feminicidios es un eco del gran grito de las mujeres colombianas que estamos hastiadas de que la muerte nos ronde y nos alcance de maneras tan infames.

Notas

(1) Licenciada en Ciencias Sociales UPN; Magíster en Desarrollo Educativo y Social CINDE-UPN; Docente en la sede rural D Torca del Colegio Nuevo Horizonte IED; Representante de FECODE en la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia; integrante del Colectivo de Mujeres Malú; creadora y conductora del espacio de El Rincón de Apolonia; integrante del Equipo de trabajo docente y sindical de Renovación Magisterial. Correo-e: rincondeapolonia@gmail.com.

(2) “El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, el final de un continuum de violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. Este fenómeno ha sido clasificado según la relación entre víctima y victimario en cuatro categorías: i) Feminicidio de pareja íntima, ii) Feminicidio de familiares, iii) Feminicidio por otros conocidos y iv) Feminicidio de extraños, todos estos atravesados por las diferentes opresiones que viven las mujeres día a día. El feminicidio hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las mujeres, y no puede entenderse sólo como un asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa violencia, en la que el sometimiento a los cuerpos de las mujeres y extinción de sus vidas tiene por objetivo mantener la discriminación y la subordinación de todas. (…) En Colombia el feminicidio fue tipificado como un delito autónomo por la ley 1761 de 2015, que lo define como el asesinato de una mujer por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género, este tipo penal será agravado cuando sea cometido por un servidor público, la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, sea cometido por varias personas, le anteceda una agresión sexual o sea perpetrado por la pareja o expareja de la víctima” (ONU mujeres Colombia, 2019).

Referencias bibliográficas

https://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/violencia-contra-las-muj... (Consultado el 26 de junio de 2020. 11:00 hrs).

- Paredes, J. y Guzmán, A. (2014). El tejido de la rebeldía. ¿Qué es el feminismo comunitario?. La Paz, Moreno Artes Gráficas.

- Segato, R. (2003). Las estructuras elementales de la violencia: Contrato y status en la etiología de la violencia. Brasilia, Serie Antropología.

Boletín de feminicidios VIVAS NOS QUEREMOS

COLOMBIA de mayo del 2020

https://www.elespectador.com/coronavirus/violencia-contra-las-mujeres-la-curva-que-no-se-aplana-articulo-920252/



El racismo sistémico y las protestas en Estados Unidos

julio 13, 2020 Add Comment

 
 
Las manifestaciones son espontáneas, multirraciales y con una población predominantemente joven. En el fondo, la muerte de George Floyd abrió una discusión sobre el carácter de la democracia en Estados Unidos, relacionada con quienes integran el “we the people” (nosotros el pueblo) del preámbulo de la Constitución, a la vez que cuestiona la función de la fuerza policial en el país que se enorgullece de su democracia y de garantizar la igualdad de oportunidades. Y en el mundo la muerte de Floyd visibilizó el racismo como un problema planetario. Hizo manifiesto un problema mundial. Algunos de los ejemplos más obvios son las cifras de jóvenes asesinados por la policía en Brasil, el trato en Europa a los inmigrantes de África o la discriminación de las personas negras en Colombia.

Por C. Jiménez
Investigador social en los Ángeles, EEUU

En el momento en que escribo esto, George Floyd está siendo enterrado en Houston, Texas. Las circunstancias de su muerte el 25 de mayo de 2020 -esposado, tirado en el piso y asfixiado por la rodilla de un policía- desencadenaron una ola de protestas a nivel nacional en Estados Unidos. El 9 de junio el periodista Derrick Bryson escribía en el New York Times que desde la muerte de George Floyd, habían ocurrido protestas en al menos 140 ciudades ubicadas en distintas partes del país. El diario USA Today, el 8 de junio, afirma que ha habido al menos 1.017 demostraciones en los 50 estados. En cualquier caso, protesta o demostración, la cantidad de manifestaciones motivadas por el repudio a los hechos ha sido enorme.

La rápida propagación de las manifestaciones es difícil de entender sin tener en cuenta el contexto del racismo en el país. Según las proyecciones del Censo de Estados Unidos, en 2019, la población negra representa un 13% del total de la población, alrededor de 40 millones de personas. Es la tercera minoría racial del país, la segunda son los hispanos. Para tener un punto de referencia, en Colombia, según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas, la población negra representa aproximadamente un 9,34% de la población, es decir, hay 4.671.160 colombianos que se autorreconocen como afrodescendientes, raizales, palenqueros o negros.

En Estados Unidos, al igual que en muchas partes del mundo, hay un racismo sistémico, término que se usa para describir tanto prácticas sociales -o institucionales- como políticas públicas encaminadas a discriminar determinados grupos sociales de manera negativa en distintos ámbitos: empleo, políticas de vivienda, educación, o acceso a beneficios públicos entre otros. Pero en el caso de la los afroamericanos en Estados Unidos, vale la pena destacar dos relacionados con el empleo y el encarcelamiento.

En empleo, por ejemplo, al final de 2018, la tasa de desempleo entre los negros era el doble de la de los blancos. Los afroamericanos tenían la mayor tasa de desempleo a nivel nacional con un 6,5%. En segundo lugar, estaban los hispanos con 4,5%, en tercer lugar, los asiáticos con 3,2% y de último los blancos, con 31%. Y en ciertos lugares, el desempleo de la gente negra alcanzaba cifras más altas, en el Distrito de Columbia el 11,8%, y en Pensilvania 89%. En materia de ingresos anuales, en 2018, el ingreso promedio en una familia negra era de 41.361 dólares. Esta cifra contrasta con los US$ 63.179 de ingreso de un hogar blanco. Es decir, las familias blancas ganan al año un 50% más que las familias negras. En el país de la igualdad de oportunidades, hay una desventaja en los ingresos basada en el color de la piel.

El otro punto por resaltar es el del derecho a la libertad. Según el instituto Prision Policy, en 2020, el sistema de prisiones en Estados Unidos tenía detenidos casi 2,3 millones de personas. Los afroamericanos, a pesar de ser el 13% de la población total de país, son el 40% de la población de las cárceles. La National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), una organización que lucha por los derechos de los afroamericanos, ofrece otras cifras que, aun cuando son de 2014, complementan esta imagen: La tasa de encarcelamiento de mujeres negras era el doble de la de las mujeres blancas, y a nivel nacional los niños negros representaban el 32% de los niños que fueron arrestados.

La tasa de encarcelación de la población negra es el síntoma de un sistema judicial racista. Uno de los instrumentos más efectivos de ese sistema en la implementación del racismo ha sido la guerra contra las drogas. Según la NAACP, los americanos blancos y los negros consumen drogas en tasas similares, sin embargo, el número de negros acusados por delitos relacionados con posesión y consumo es 6 veces más alto que el de los blancos. Otros factores que también han llevado a esta situación ha sido la privatización de las cárceles -en algunos lugares es un negocio rentable mandar personas a la cárcel-, el desmonte de servicios sociales, como los de salud mental y, desde luego, la pobreza.

Los efectos que tiene la tasa de encarcelamiento son perversos en distintos ámbitos: destruye familias, crea un ciclo de pobreza y en algunos lugares tiene efectos en los derechos políticos. Según la organización Afro, sólo el 38,7% de los niños negros menores de edad vive con ambos padres, y menciono esto por los efectos que tiene en el tema de los ingresos del hogar. Las personas negras que han pasado por la cárcel, una vez que cumplen su condena, tienen dificultades para encontrar trabajos bien pagos. Y finalmente, en algunos estados como Florida, quienes han sido condenados a prisión pierden el derecho al voto. En resumidas cuentas, el sistema carcelario se ha vuelto en un sistema para controlar y someter a la población negra, manteniéndola pobre, en trabajos mal pagos y en algunos casos sin derechos políticos.

Por este racismo sistémico -del cual solo he mencionado dos puntos pero que tiene muchos más- cuando llegó la pandemia del covid-19, la población negra ha sido una de las más afectadas. El tipo de trabajos que consigue la población negra -especialmente los que han pasado por la cárcel- son mal pagos, y algunos de ellos han sido declarados indispensables, como es el caso de las personas que limpian hospitales o conducen buses de transporte público. Floyd, por ejemplo, trabajaba de guardia de seguridad en un club. Algunos se vuelven trabajadores independientes. Esto significa desde abrir negocios como barberías hasta poner puestos de ventas similares a los de los vendedores ambulantes en Colombia. El dilema de un sector importante de la población negra es análogo al de los pobres en otras partes del mundo en el contexto del covid-19: trabajar y arriesgarse a ser infectado o morirse de hambre.

La combinación de pobreza, empleo, problemas de salud -sobrepeso y diabetes-, y la dificultad para acceder al sistema de salud hace que la población negra tenga una tasa de mortalidad tres veces más alta que la de la gente blanca. El periódico The Guardian del 20 de mayo ofrece las siguientes cifras: La tasa de mortalidad entre los afroamericanos es de 50,3 por cada 100.000 habitantes, mientras que la de la población blanca es del 20,7%. Esto se traduce en que más de 20.000 personas negras han muerto debido al covid-19.

“No puedo respirar”

“No puedo respirar” fueron las últimas palabras de George Floyd, y de cierta forma son una metáfora de la condición de población negra en Estados Unidos. Antes de la pandemia, y debido al racismo sistémico, ellos ya tenían dificultades, pues ser negro significa ganar menos y vivir con un riesgo alto de ser encarcelado. Durante la pandemia, se están muriendo a una tasa más alta que el resto de la población. Y a todo esto se sumó la brutalidad y el uso excesivo de fuerza de la policía contra la población negra, la cual ha existido desde hace tiempos pero que se ha exacerbado en los últimos años.

La tensión racial y el papel de la policía tienen varios antecedentes históricos en Estados Unidos. Entre 1960 y 2000 ha habido unas 29 revueltas por racismo contra la gente negra. La película Detroit (2017), basada en hechos de la vida real, ilustra una de estas situaciones. Lo que inicialmente fue una redada policial en 1967 contra una casa de apuestas termina en una de las revueltas más grandes en la historia de Estados Unidos. La forma como la policía trata a la población negra es inhumana y cruel. Pero además uno de los policías mata a uno de los jóvenes negros y al final, a pesar de las pruebas, es declarado inocente.

Es casi imposible entender el sentido de vulnerabilidad relacionado con la condición de ser negro en Estados Unidos. En diciembre de 2015, el periódico The Guardian, publicaba un estudio realizado por este periódico mostrando que en ese año la policía había matado 1.134 jóvenes negros americanos. El escritor negro Ta-Nehisi Coates, en su libro Between the World and Me (2015), narra la experiencia de haber crecido como una persona negra en Estados Unidos. El temor constante a perder su cuerpo porque su vida está amenazada o bien por la violencia de las pandillas de los barrios en los que crece o bien por la opresión del racismo sistémico.

En los últimos dos años ocurrieron varios incidentes seguidos que enfatizaron ese temor. Las siguientes son las historias de tres hombres negros. El 6 de septiembre de 2018, Botham Jean estaba viendo televisión en la sala de su apartamento, y una oficial de policía abrió la puerta del apartamento de Botham. La oficial, que se equivocó de puerta, le disparó y lo mató pensando que un intruso se había metido a su apartamento. Ahmud Abrey salió a trotar el 23 de febrero de 2020, en Brunswick, Georgia; dos hombres blancos persiguieron a Abrey, le dispararon y lo mataron. George Floyd entró a comprar un paquete de cigarrillos, y el empleado de la tienda pensó que le estaba pagando con un billete falsó, llamó a la policía y Floyd resultó muerto.

El mensaje de la realidad cotidiana para los negros pareciera ser que, en Estados Unidos, una persona negra no puede salir a trotar, no puede ver televisión en la sala de su casa, no puede comprar cigarrillos en una tienda, porque en cualquier momento lo pueden matar. Por eso, la última frase de Floyd, “no puedo respirar”, tiene todo un valor metafórico. El racismo sistémico está ahogando a 40 millones de personas en lo económico y en lo físico.

Floyd es sólo la última víctima en una larga cadena. Una de las consignas que las personas corean en las marchas es “Say his name” (di su nombre). Una persona dice esta frase y los marchantes corean el nombre de una persona afroamericana asesinada. La lista es impresionante, más aún si se tienen en cuenta que sólo se dicen los nombres de víctimas que han quedado documentados en videos y de los que se sabe a través de redes sociales y noticieros. He aquí algunos de los nombres que no he mencionado en el artículo, pero que fueron víctimas de la brutalidad policial: Eric Garner, Tamir Rice, Philando Castile, Michael Brown, Breonna Taylor, y la lista sigue.

Las protestas y su efecto

Las denuncias y las protestas por el asesinato sistemático de personas negras vienen en ascenso desde hace varios años. En 2013, en respuesta al asesinato de Trayvon Martin en Florida, se organizó el movimiento Black Lives Matters (las vidas negras importan). Pero quizá una de las más polémicas y sonadas fue la protesta del jugador negro de fútbol americano Colin Kaepernick, capitán del equipo de San Francisco 49ers. Kaepernick, retomando un gesto de Martin Luther King, se arrodillo al inicio de un juego de fútbol americano en 2016 mientras tocaban el himno nacional. El gesto fue una protesta contra la brutalidad policial y el racismo, y tuvo gran impacto debido a la popularidad del deporte y del equipo. Sin embargo, el gesto le costó al jugador el veto por parte de la National Futbol League, no sólo lo sacaron del equipo, sino que no le han permitido volver a jugar.

Tanto la gravedad del fenómeno del racismo sistémico como los antecedentes explican por qué la protesta se generalizó de forma espontánea. Uno de los puntos centrales que piden los manifestantes es una reforma a la policía. Este es un punto importante porque en el presente es muy difícil acusar a un oficial por mala conducta debido a la jurisprudencia de Qualified Inmiunity (Inmunidad Cualificada).

Tal como lo explica en periódico New York Times en su editorial del 29 de mayo, en 1967, en el contexto de una revuelta racial en Miami, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos articuló la noción de Inmunidad Cualificada. Uno de los propósitos de esta jurisprudencia era proteger a los oficiales de policía de las posibles demandas legales cuando ellos estuvieran desempeñando su trabajo, siempre y cuando estuvieran actuando de buena fe y con causa probable.

En el sistema de derecho consuetudinario de Estados Unidos, la inmunidad cualificada se traduce en la práctica en que, para poder acusar de mala conducta a un policía, hay que encontrar un precedente exactamente igual. Esto último es muy difícil y por esta razón algunos de los policías que han matado afroamericanos quedan libres. El mensaje para la sociedad es claro: el uso excesivo de la fuerza por parte de algunos oficiales de policía no tiene consecuencias.

La protesta ya ha tenido efectos. Los cargos del oficial que asesinó a George Floyd fueron agravados. Al principio se le acusó de homicidio en tercer grado, equivalente a un homicidio “sin intención”. A raíz de las protestas ahora se le acusa de homicidio en segundo grado, que tiene un carácter más intencional. También los otros tres oficiales, que al principio no fueron acusados han sido llamados a juicio.

Sin embargo, los efectos de la protesta aún están por verse en tres planos: a nivel del gobierno federal, a nivel de los gobiernos locales y a nivel institucional. En los tres niveles el objetivo es reformar la policía, o bien para que sus acciones tengan consecuencias o bien la naturaleza de la institución.

En el nivel federal, los demócratas en la Cámara de Representantes introdujeron un proyecto de ley para reformar la ley de derechos civiles a nivel nacional. En la actualidad, el abogado de una víctima del abuso de la policía tiene que probar primero que las acciones violentas del oficial fueron intencionales para poder acusar al oficial de mala conducta. Si el proyecto de ley pasa, el oficial podría ser acusado si ha matado una persona en el cumplimiento de su deber sin tener que cumplir este requisito. Sin embargo, las circunstancias políticas son adversas. Primero tendría que pasar por el Senado, de mayoría republicana, y luego el presidente podría vetar el proyecto de ley.

A nivel local, varios estados y ciudades están pasando proyectos para reformar la policía. La ciudad de Minneapolis va a recortarle fondos a la policía y la va a reformar. Esto es importante porque a raíz del neoliberalismo, agencias estatales que atendían la salud pública fueron liquidadas o se les recortaron fondos. Uno de los casos más relevantes fue el de las instituciones que atendían a los pacientes con enfermedades mentales, desmanteladas bajo el gobierno de Reagan en la década de los 80.

De forma paralela al desangre financiero de la salud pública, el presupuesto de la policía ha aumentado al igual que el carácter militar de la institución. A raíz de la falta de instituciones públicas, la policía ha entrado a ejercer funciones que tradicionalmente caerían bajo la responsabilidad de agencias de salud pública. Por ejemplo, en Colorado, a raíz de los tiroteos en escuelas públicas -como fue el caso de Columbine en 1999-, para brindarles seguridad a los estudiantes, los distritos escolares han contratado a la policía. Hay un policía armado en las escuelas disponible para proteger los estudiantes en caso de tiroteos, pero ya en otros estados ha habido casos en los que los policías arrestan estudiantes por temas conectados con racismo. En este caso la policía está atendiendo un problema que se podría resolver mejor contratando más sicólogos y trabajadores sociales.

Finalmente está el plano institucional. La corte suprema debe modificar la jurisprudencia de Inmunidad Cualificada. La juez hispana Sonia Sotomayor y el juez negro Clarence Thomas ya han expresado opiniones en las que destacan el carácter negativo de esta sentencia.

Todo esto está sucediendo en un contexto político en el que un presidente racista ha envalentonado a los supremacistas blancos. En el que los demócratas tienen el control de una de las cámaras, pero no en la otra, y en medio de una pandemia.

Sin embargo, uno de los aspectos que dan esperanza es la composición de las manifestaciones es su carácter espontáneo, multirracial y con una población predominantemente joven, entre los 18 y los 40 años. En el fondo, la muerte de George Floyd abrió una discusión sobre el carácter de la democracia en Estados Unidos, relacionada con quienes integran el “we the people” (nosotros el pueblo) del preámbulo de la Constitución, a la vez que cuestiona la función de la fuerza policial en el país que se enorgullece de su democracia y de garantizar la igualdad de oportunidades.

Y en el mundo la muerte de Floyd visibilizó el racismo como un problema planetario. Hizo manifiesto un problema mundial. Algunos de los ejemplos más obvios son las cifras de jóvenes asesinados por la policía en Brasil, el trato en Europa a los inmigrantes de África o la discriminación de las personas negras en Colombia, desde el derecho a entrar a una discoteca hasta para arrendar un apartamento.

https://www.theguardian.com/world/2020/may/20/black-americans-death-rate-covid-19-coronavirus

https://www.epi.org/publication/valerie-figures-state-unemployment-by-race/

Ingreso

https://www.pgpf.org/blog/2019/10/income-and-wealth-in-the-united-states-an-overview-of-data

Cárcel

https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2020.html

https://www.naacp.org/criminal-justice-fact-sheet/

https://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/31/the-counted-police-killings-2015-young-black-men

https://www.cbsnews.com/news/say-their-names-list-people-injured-killed-police-officer-involved-incidents/


Índice Global de los Derechos de la CSI 2020: mayor número de violaciones en siete años

julio 13, 2020 Add Comment
Como dice la secretaria general de la CSI, Sharan Burrow: Estas amenazas hacia los trabajadores, nuestras economías y la democracia eran endémicas en los lugares de trabajo y en distintos países ya antes de que la pandemia del COVID-19 viniese a trastocar vidas y medios de subsistencia.

Tomado de ITUC Press

La ruptura del contrato social queda expuesta en el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020, con el mayor número de violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en siete años.

Se ha intensificado la tendencia, por parte de Gobiernos y empleadores, a restringir los derechos de los trabajadores limitando la negociación colectiva y el derecho de huelga, y excluyendo a los trabajadores de los sindicatos, con un aumento del número de países que bloquean el registro de sindicatos.

Un incremento en el número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión viene a demostrar la fragilidad de las democracias, mientras que el número de países que restringen el acceso a la justicia ha seguido siendo inaceptablemente elevado, al mismo nivel que el año anterior.

Una nueva tendencia identificada en 2020 guarda relación con escándalos respecto a la vigilancia gubernamental de dirigentes sindicales, en un intento de instigar temor y presionar a los sindicatos independientes y sus miembros.

La secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, declaró que:

Estas amenazas hacia los trabajadores, nuestras economías y la democracia eran endémicas en los lugares de trabajo y en distintos países ya antes de que la pandemia del COVID-19 viniese a trastocar vidas y medios de subsistencia. En muchos países, la represión existente contra los sindicatos y la negativa de los Gobiernos a respetar los derechos y entablar el diálogo social ha dejado expuestos a los trabajadores a la enfermedad y la muerte, dejando a los países totalmente incapaces de combatir la pandemia de manera efectiva.

Con la vista puesta en la recuperación y la construcción de economías resilientes, el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020 constituye una referencia que utilizaremos para pedir cuentas a Gobiernos y empleadores.

Como si los datos del Índice no fuesen suficientemente chocantes, estamos viendo que algunos países van incluso más lejos. Con la excusa de las medidas adoptadas para combatir la pandemia del coronavirus, están avanzando con su agenda contra los derechos de los trabajadores. Es una tendencia que debe frenarse y revertirse.

El Índice Global de los Derechos pone de manifiesto la ruptura del contrato social entre Gobiernos y empleadores y la gente trabajadora. Se registra una tendencia a restringir los derechos en el trabajo mediante violaciones de la negociación colectiva, privando a los trabajadores del derecho de huelga y excluyéndolos de los sindicatos.

“Pero el Índice es algo más que una simple lista de violaciones. Constituye un claro reflejo del déficit de derechos que hemos de corregir para construir el nuevo modelo económico que necesita el mundo cuando se recupere de la pandemia de COVID-19. Deberá ser una economía global resiliente, que se apoye en un Nuevo Contrato Social: un nuevo compromiso con los derechos en el trabajo, inversiones renovadas cumpliendo con el Estado de derecho, y sentar las bases para la democracia en el lugar de trabajo”.

La región de Oriente Medio y Norte de África es la peor región del mundo para los trabajadores y trabajadoras por séptimo año consecutivo, debido a la persistencia de inseguridad y conflictos en Palestina, Siria, Yemen y Libia, a lo que se suma el hecho de ser la región más regresiva en lo que respecta a la representación de los trabajadores y los derechos sindicales.

Los diez peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2020 son Bangladesh, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, India, Kazajstán, Turquía y Zimbabwe.

La séptima edición del Índice Global de los Derechos de la CSI clasifica a 144 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores/as. Entre las principales conclusiones figuran:

  • En el 85% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga
  • En el 80% de los países se ha vulnerado el derecho de negociación colectiva
  • El número de países donde se impidió el registro de sindicatos ha aumentado
  • Tres nuevos países han entrado en la lista de los diez peores países para los trabajadores y trabajadoras (Egipto, Honduras, India)
  • El número de países que denegaron o reprimieron la libertad de expresión se ha incrementado, pasando de 54 en 2019 a 56 en 2020
  • Los trabajadores se vieron expuestos a actos de violencia en 51 países.
  • Los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido, en el 72% de los países
  • Se registraron arrestos y detenciones de trabajadores en 61 países.

Lea y comparta el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020, disponible en https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_globalrightsindex_2020_es.pdf

Portavoces de la CSI están disponibles para entrevistas en alemán, árabe, español, francés, inglés, portugués y ruso. Por favor, ponerse en contacto con press@ituc-csi.org

La Confederación Sindical Internacional (CSI) representa a 200 millones de trabajadores y trabajadoras en 332 organizaciones afiliadas nacionales en 163 países y territorios.


Trabajadores del BBVA: gracias por respaldar a la ACEB, su sindicato

julio 13, 2020 Add Comment


En las recientes elecciones para conformar el COPASST en BBVA la Aceb logró elegir a dos de sus candidatos con sus suplentes. Gran victoria de los trabajadores.

Por Juan Francisco Sánchez Z.
Presidente Nacional ACEB

A lo largo del mes de junio y en aplicación de las normas legales que regulan el funcionamiento del COPASST, se procedió por parte de la Dirección del Banco a convocar elecciones para escoger los representantes de los trabajadores en este comité cuya constitución es paritaria y que, por el número de trabajadores con que cuenta la entidad financiera, debe estar integrado por 4 representantes de la empresa, designados autónomamente por ella, y 4 representantes de los trabajadores elegidos por votación secreta, en todas las dependencias del banco a nivel nacional. Los 8 componentes del Copasst tienen suplentes unipersonales.

ACEB inscribió 4 listas y obtuvo 2 renglones completos, un tercer renglón, no alcanzó la curul por un estrecho margen de votos, la cuarta lista, aún cuando logró una votación decorosa, quedó un tanto relegada.

Las condiciones en que participamos en el proceso son muy desiguales, porque el empleador generalmente presenta listas que aparentemente están integradas por trabajadores de base, pero que en realidad están integradas por mandos medios, a quienes la dirección de la empresa les hace campaña velada.

En todo caso el resultado lo tenemos que calificar de excelente porque en total obtuvimos una votación muy por encima del total de nuestros afiliados en este banco, gracias al permanente contacto de nuestros dirigentes con todos los trabajadores de las diferentes áreas y oficinas de todo el país, por eso les decimos gracias por reconocer nuestro trabajo y por retribuir con su voto el esfuerzo diario que realizamos en defensa de los intereses de los bancarios colombianos.

Ninguna otra organización sindical logró escaño en estas elecciones, esto nos genera un mayor nivel de compromiso para con los trabajadores del BBVA Colombia.

Los compañeros elegidos son: Por la zona Bogotá, Luis Francisco Rincón con suplencia de Susann Cristina Guio, y por la zona Occidente, Adolfo León Gómez de Medellín con suplencia de Mónica Zamora de Cali, quienes a partir de este momento se ponen a disposición de todo aquel trabajo que requiera de sus servicios u orientación.